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Ibagué
21 de Jan, 2026

Pares denuncia que alcaldesa Aranda beneficia a ‘club de contratistas’

Más de $110 mil millones en contratos concentrados en cinco empresas ponen bajo la lupa la contratación pública en Ibagué. La Fundación Paz y Reconciliación pide investigaciones de los entes de control.

Ibagué, La Editorial.com.co

Un análisis sistemático de la contratación pública en Ibagué durante la administración de la alcaldesa Johana Aranda revela un patrón que enciende las alarmas: la concentración recurrente de recursos públicos en un reducido grupo de empresas que dominan sectores estratégicos de la operación municipal.

Así lo advierte el más reciente informe de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que documenta lo que denomina el “club de los megacontratistas” en la capital del Tolima.

Según el estudio, entre enero de 2024 y noviembre de 2025, cinco empresas acumularon contratos por más de $111.000 millones, a través de procesos en los que se repiten proponentes únicos, ajustes de pliegos sobre la marcha y plazos atípicamente cortos para la presentación de ofertas, prácticas que -advierte Pares- limitan severamente la libre competencia y debilitan la transparencia.


El ‘club de los cinco’

El informe desagrega los hallazgos por empresa y describe patrones comunes de adjudicación que, en conjunto, configuran un modelo contractual con presuntas irregularidades.

Inversiones Económicas PSS S.A.S., actual operadora del Programa de Alimentación Escolar (PAE), concentra contratos por $52.467 millones, controlando la totalidad del servicio durante la administración Aranda. 

Pares señala que la compañía, antes conocida como Supermercados El Económico Remedios S.A.S., cambió su razón social y amplió su objeto contractual, lo que le permitió competir en procesos de gran escala. El informe cuestiona modificaciones a los pliegos que redujeron exigencias técnicas, flexibilizaron verificaciones operativas y permitieron entregar requisitos sanitarios durante la ejecución y no antes de la adjudicación.

Las alertas se agravaron por denuncias ciudadanas y reportes de prensa regional sobre alimentos en mal estado, retrasos en entregas y presuntas irregularidades laborales. Estos hechos motivaron la apertura de una investigación de la Procuraduría General contra funcionarios de la Secretaría de Educación y miembros del comité evaluador, además de requerimientos del Ministerio del Trabajo.

En el caso de Servicios Empresariales SYK S.A.S., con 13 contratos por $11.959 millones en servicios de aseo y cafetería, Pares advierte posibles conflictos de interés por vínculos familiares con un concejal de Cambio Radical. El informe menciona adjudicaciones por fuera de su especialidad y ajustes presupuestales que coincidieron de manera casi exacta con la oferta ganadora, lo que ha sido cuestionado por competidores y analistas de contratación.

León Gráficas Ltda., operador logístico con 12 contratos por $17.620 millones, presenta uno de los patrones más llamativos: en todos los procesos terminó como único proponente habilitado. En los contratos del Festival Folclórico Colombiano, Pares documenta plazos extremos para cargar ofertas -21 minutos en 2024 y 15 minutos en 2025-, tiempos que resultarían materialmente imposibles para una competencia real y que, de confirmarse, contravendrían el principio de plazo razonable de la Ley 80.

La empresa de vigilancia Seguridad Trébol Ltda., con 10 contratos por $30.014 millones, aparece vinculada a familiares del exalcalde Andrés Hurtado que figuraron en su nómina. Aunque posteriormente fueron retirados, el informe subraya que su presencia coincide con el éxito contractual de la compañía. A ello se suman señalamientos previos en otros municipios, difundidos por medios regionales.

Por su parte, la Fundación IMIX, con nueve contratos por $12.427 millones en programas sociales, arrastra antecedentes administrativos y procesos en otros municipios, incluidos cuestionamientos del ICBF y de la Procuraduría. Pese a ello, continúa siendo adjudicataria de contratos clave en Ibagué.

Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué.

Imagen. Alcaldía de Ibagué

Un problema que trasciende un contrato

Pares concluye que estos casos no son hechos aislados, sino la evidencia de un modelo de contratación cooptado, con tres efectos centrales:

Concentración sistemática de recursos en un oligopolio informal de contratistas: Mecanismos de direccionamiento que reducen la competencia y Deterioro de la calidad de los servicios públicos, con impactos directos en la ciudadanía y precarización laboral.

En redes sociales y espacios de opinión local, el informe reavivó críticas recurrentes a la administración Aranda por falta de controles, debilidad en la supervisión contractual y continuidad de prácticas heredadas de gobiernos anteriores. La Alcaldía, hasta ahora, ha sostenido que los procesos se ajustan a la ley y que cualquier señalamiento debe ser evaluado por las autoridades competentes.

Pares insiste en que corresponderá a los entes de control -Procuraduría, Contraloría y Fiscalía- determinar responsabilidades disciplinarias o penales. Entretanto, el informe deja una pregunta de fondo sobre la mesa: ¿puede hablarse de transparencia cuando la contratación pública termina sistemáticamente en manos de los mismos actores

Se espera que la Alcaldía reitere su disposición de entregar toda la información requerida por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para aclarar los señalamientos de presunta corrupción que hoy rodean a la administración municipal.

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