USI intervenida: entre la corrupción local y la desconfianza nacional
La intervención de la Unidad de Salud de Ibagué por la Supersalud expone un dilema mayor: ¿es un alivio que salga de las manos que la han deteriorado por años, o un riesgo mayor entregarla a una Superintendencia cuyo historial de intervenciones -como en Nueva EPS y Sanitas- ya está en entredicho? El movimiento llega atravesado por sospechas políticas: el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, viejo contradictor del bloque político que controlaba la USI, toma control de un ente históricamente marcado por la corrupción local.
Ibagué, La Editorial.com.co
La Unidad de Salud de Ibagué (USI) ha sido, por años, un ecosistema perfecto para el clientelismo, los favores políticos y la precarización del servicio. Es decir: una ruina avisada. Por eso no sorprendió que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara la intervención forzosa administrativa durante un año, con remoción total de gerencia y junta directiva.
Lo que sí sorprende -y preocupa- es que se repita el mismo libreto nacional: una entidad pública golpeada por la corrupción local es puesta en manos de una Supersalud que arrastra su propio prontuario de intervenciones fallidas. Basta recordar los casos de Nueva EPS y Sanitas, donde los usuarios terminaron pagando los platos rotos de procesos que prometían ordenar el sistema y solo profundizaron el caos operativo.
El dilema para Ibagué no es menor
¿Qué es peor: que la USI siga en manos de quienes la convirtieron en botín político, o que quede bajo el control de una entidad cuya capacidad de gestión ha sido ampliamente cuestionada?
La intervención, además, no ocurrió en el vacío. Tiene un evidente subtono político que algunos sectores ya identifican como imposible de ignorar:
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no solo es tolimense: fue alcalde de la ciudad, protagonizó confrontaciones directas con el sector político que manejó la USI y fue adversario electoral del exalcalde Andrés Hurtado, quien depositó su poder en la actual mandataria ibaguereña.
Además, la alcaldesa, Johanna Aranda, llegó con aval del Centro Democrático, partido que hoy es oposición al gobierno Petro.
La intervención, en los hechos, le arrebata a la alcaldía el control total del principal activo público en salud de la capital, un espacio históricamente codiciado para ubicar cuotas, contratar personal y movilizar apoyos. Difícil pensar que todos estos factores queden al margen de la decisión gubernamental.
En suma, el color político del control cambia; la incertidumbre permanece y la designación como interventora de Edilma Isabel Hurtado, alfil del ministro Jaramillo en el Tolima, siembra más dudas que respuestas.
Algunos sectores celebraron la decisión como un respiro obligado. El concejal Andrés Zambrano aseguró que la intervención “era de esperarse”, recordando que ni los más de $24.000 millones enviados desde el Ministerio de Salud lograron cubrir deudas de personal ni garantizar equipos básicos. Para él, la USI venía en cuidados intensivos desde hace años.
El concejal Jorge Bolívar, quien venía advirtiendo presuntos actos de corrupción y la conversión de la USI en “agencia de empleos”, insiste en que la administración municipal utilizó la entidad como plataforma clientelista, con contratos de hasta $10.000 millones anuales y un gasto de personal que llegó al 70% de los ingresos.
Según Bolívar, los centros de salud cerrados, la falta de rayos X, la ausencia de laboratorios y la compra obligada de medicamentos por parte de pacientes no dejaban otra salida.
El veedor Gustavo Collazos -apoyado en cifras- sostiene que a septiembre de 2025 la USI ya había recuperado equilibrio financiero.
La Supersalud anunció un catálogo amplio de fallas que la agente interventora deberá resolver: calidad en urgencias, pago de personal, desnutrición infantil, inventarios, esterilización, infraestructura, gobernanza, depuración contable y eliminación de barreras de acceso.
La lista suena impecable y necesaria Pero también se parecía a la que se prometió en Nueva EPS y en Sanitas. Y en otras diez intervenciones que terminaron hundiendo aún más los servicios de salud. La pregunta hoy en Ibagué es ¿si el remedio puede resultar peor que la enfermedad?
Así la USI y sus servicios quedaron en el peor de los mundo: entre la corrupción local y la improvisación del gobierno Petro a través de la Supersalud.
Los platos rotos como siempre, ojalá, no corran a cargo de los usuarios que esperan una cita, una ecografía, un medicamento o una ambulancia que rara vez llega.
Lo mínimo que se espera de la señora Edilma Hurtado es que detecte los nexos corruptos y judicialice los tinglados que rodean a la USI de Ibagué.
Los pacientes del régimen subsidiado esperan que la intervención de la USI mejore los servicios en la capital tolimense.
Imagen de la Unidad de Salud de Ibagué - Alcaldía de Ibagué