La vivienda no puede seguir fuera del debate presidencial
Con el país exhibiendo cifras positivas de crecimiento, el sector vivienda completa casi tres años en caída libre. La crisis ya no es técnica ni coyuntural: es social, inflacionaria y laboral. Por eso, resulta inaceptable que los precandidatos presidenciales sigan hablando en abstracto del “modelo económico” sin poner sobre la mesa propuestas claras, financiables y regionales para rescatar un sector que históricamente ha sido motor de empleo, bienestar y estabilidad urbana.
La Editorial
Colombia empieza a entrar en clima preelectoral, pero el debate presidencial avanza peligrosamente desconectado de uno de los problemas estructurales más graves del país: el colapso del sector vivienda.
Mientras los aspirantes recorren plazas hablando de reformas, seguridad o ideologías, el subsector de edificaciones acumula nueve trimestres consecutivos en caída y una contracción histórica que ya desborda lo económico para convertirse en una amenaza social.
Las cifras expuestas recientemente por Camacol en el Foro Económico Sectorial en Ibagué no dejaron margen para la ambigüedad. El país crece al 3,6 %, pero la vivienda cae 8,3 %. No es una paradoja estadística: es la evidencia de un crecimiento desequilibrado, frágil y excluyente. La vivienda, que durante dos décadas fue política social, ancla de empleo y herramienta anticíclica, hoy ha sido relegada a un renglón marginal del presupuesto y del discurso público.
El presupuesto aprobado para 2026 confirma esa desconexión. Destinar apenas el 2,3 % de la inversión nacional a vivienda, el nivel más bajo en casi 20 años, no es una decisión neutra: es una señal política. Significa renunciar deliberadamente a un sector que genera cerca de un millón de empleos, dinamiza más de 30 subsectores productivos y define el costo de vida en las ciudades.
Aquí es donde el silencio de los precandidatos se vuelve preocupante. No basta con prometer “reactivación” o “crecimiento con equidad”. El país necesita saber, con nombre propio, qué piensan hacer frente a: el desmonte de los subsidios a la vivienda VIS, el encarecimiento del crédito hipotecario por el déficit fiscal, la caída sostenida de iniciaciones y lanzamientos, la presión inflacionaria generada por la escasez de oferta en arriendos y el riesgo cierto de destrucción masiva de empleo en 2026.
La crisis de la vivienda no es un problema de constructores: es un problema de familias y de país. Cuando suben los arriendos, se dispara la inflación. Cuando la inflación persiste, se castiga el ingreso real de los hogares. Y cuando se paralizan las obras, el desempleo deja de ser una estadística y se vuelve territorio.
El caso del Tolima junto a su capital ilustra con crudeza el país que se está incubando: regiones sin subsidios locales, con trámites lentos y sin política urbana activa, condenadas a quedarse en “playa baja” mientras unas pocas grandes ciudades concentran la reactivación. ¿Qué proponen los aspirantes a la Presidencia y al Congreso para evitar que Colombia se parta en dos mercados de vivienda, uno dinámico y otro estancado?
También hay silencios peligrosos frente a los costos. Construir hoy es 70 % más caro que en 2014. Hablar de nuevos aranceles a insumos, de aumentos del salario mínimo sin enfoque sectorial o de más cargas regulatorias, sin una política integral de vivienda, es legislar contra la realidad. Los precandidatos deben decir si están dispuestos a aliviar costos, a garantizar estabilidad normativa y a recuperar la confianza de la inversión de largo plazo.
No hacerlo no es una omisión técnica. Es una irresponsabilidad política. Porque un país que no construye vivienda no solo deja de crecer: empieza a encarecerse, a fragmentarse y a expulsar oportunidades. Y esa factura, tarde o temprano, la pagan los ciudadanos.