La Editorial.com.co es un medio digital e informativo comprometido con el desarrollo económico y social, la sostenibilidad ambiental y la defensa de los valores democráticos.

La editorial
08 de Nov, 2025

Minería ilegal en Ataco y el doble discurso ambiental del Gobierno Petro

Mientras el presidente Petro habló de una red eléctrica continental y de 500 mil millones de dólares para descarbonizar América Latina en la COP 30, la minería ilegal arrasa los ríos y montañas del Tolima, Chocó y Guaviare, en tanto las Corporaciones Autónomas Regionales claman por apoyo en soledad.


Colombia asiste a la COP 30 en Belém de Pará (Brasil) para levantar la voz en defensa de la Amazonía y de la llamada transición energética justa. El Gobierno Nacional se presenta como abanderado global de la causa ambiental, pero en los territorios, lejos de los micrófonos internacionales, la realidad es otra: la minería ilegal destruye ecosistemas, enriquece estructuras criminales y pone en jaque al Estado ambiental.

El caso de Ataco, en el sur del Tolima, es hoy un símbolo dramático de esa contradicción. Allí, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y las autoridades ambientales han sido desbordadas por la minería ilegal, enfrentando una situación que mezcla devastación ecológica, control armado y ausencia institucional.

Durante un reciente operativo, la presencia de centenares de personas impidió el decomiso de maquinaria pesada y obligó a suspender las acciones de control. Lo que antes era una alerta ambiental, hoy se ha convertido en una emergencia de seguridad nacional.

El presidente Petro ha hecho del discurso ambiental una de sus banderas políticas. Desde su posesión habló del “fin del extractivismo” y de la necesidad de proteger el agua, la vida y los ecosistemas. Sin embargo, las acciones de su gobierno revelan una desconexión profunda con los territorios y con las entidades que, por ley, ejercen la autoridad ambiental.

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), columna vertebral del Sistema Nacional Ambiental (SINA), han sido marginadas de la toma de decisiones. El Ministerio de Ambiente ha expedido decretos que, según Asocars, vulneran su autonomía constitucional. Al mismo tiempo, no llegan los recursos prometidos del Fondo para la Vida, ni el respaldo institucional para enfrentar la minería ilegal, el tráfico de especies o la deforestación.

Mientras el Gobierno promueve discursos sobre justicia climática en foros internacionales, en el Tolima se destruyen los ríos, en el Chocó se multiplican las dragas y en el Amazonas los frentes ilegales avanzan sin control. Esa es la gran paradoja: por un lado, la narrativa verde; por el otro, la realidad marrón del territorio.

En este contexto, la política de “Paz total”, aunque legítima en su intención, ha tenido efectos colaterales en regiones como el sur del Tolima. Los grupos ilegales han aprovechado los espacios de diálogo y la contención operativa de la Fuerza Pública para retomar el control de corredores mineros y cocaleros. Hoy, el mercurio y la retroexcavadora son armas de devastación ambiental.

Sin una presencia institucional sostenida, la minería ilegal se consolida como una economía de guerra, que destruye ecosistemas, desplaza comunidades y perpetúa la pobreza. Y lo más grave: lo hace a la vista de un Estado que prefiere mirar hacia otro lado.

El llamado de la directora de Cortolima y presidenta de Asocars, Olga Lucía Alfonso Iannini, debería estremecer al país: “No podemos enfrentar solos la minería ilegal en Ataco”. Su voz representa a las 33 corporaciones regionales que, con presupuestos limitados y crecientes amenazas, sostienen la política ambiental de Colombia en condiciones precarias. No se trata de una queja burocrática: es un SOS institucional.

Ataco no es un hecho aislado. Es el reflejo de un modelo de gestión ambiental cada vez más debilitado por el centralismo y la desarticulación institucional. El Estado se fragmenta: el Gobierno habla de cambio climático en los foros, pero no dota a las regiones de herramientas para actuar. En esa brecha entre el discurso y la acción florece la ilegalidad.

Si Colombia pretendía hablar con autoridad en la COP 30, primero debe escuchar el clamor de sus territorios. No hay transición ecológica posible mientras se destruyen los ríos del Chocó y las selvas del Guaviare. En Ataco, el silencio oficial del Gobierno Petro ya suena como una rendición.

 

Más opiniones

Artículos recientes

Loading...
Loading...