Se exigen acciones
El tiempo pasa inexorablemente y el gobierno -en especial el central- está en mora de implementar una acción integral e inmediata que ponga coto a tan abominable situación. A menos que existan inconfesables intereses en los distintos niveles del estado.
Por Antonio Melo Salazar
Cuesta trabajo imaginar el impacto generado por recientes publicaciones de este medio, que dan cuenta, con inquietantes videos, de la magnitud del desastre ambiental, ecológico, social, económico y, como no, de orden público, que significan las explotaciones ilegales de oro en el sur del Tolima. La última medición se acercaba a las 200 mil visitas.
No es para menos, y más preocupante aún, el fenómeno se ha consolidado a la vista y el conocimiento de las autoridades. En él participan adversarios tales como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, los que, al parecer, mantienen una tregua para proseguir en la devastación y así acumular recursos que les sirven para financiar la actividad bélica; a más de imponer el control sobre zonas que, hasta hace poco, se habían podido librar del influjo de los violentos.
Coincidentemente con la publicación han salido a la luz sucesos que añaden desasosiego a lo que ya se había publicado.
En efecto, a más de la inexplicable negligencia que se advierte en el comportamiento de funcionarios del orden local y regional, se suman los de organismos de acción nacional o directamente del gobierno central, pues crece la indignación al saberse que a la vista de unos y otros han llegado a la región , no menos de 150 retroexcavadoras con valor- cada una de ellas -de miles de millones de pesos, a más de gente del Urabá, Antioquia, Chocó y el sur del país y , para colmo, muchos de ellos armados que imponen a la fuerza su ley en la zona con amenazas de muerte a la población.
La publicación mencionada hizo que se conociera de reuniones entre Cortolima y organismos como el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía; así como pronunciamientos de la Gobernación e incluso de los oradores en la manifestación realizada con ocasión de la presencia en Ibagué del candidato Iván Cepeda.
Por cierto, se ha dado a conocer que la propia autoridad ambiental, acompañada por la Policía Nacional intentó investigar en la zona y su paso le fue impedido por grupos armados, sin consecuencias conocidas ante tan grave hecho. Tan solo se excusó la no insistencia en llevar a cabo la obligatoria actuación, en el hecho de que allí se encontraban numerosos niños, tal vez de las familias llegadas de otros departamentos.
Mientras tanto, la destrucción continúa su paso: ríos y quebradas, cientos de hectáreas con daños irreparables, a más de mercurio en los cauces y el regreso de los armados ilegales.
El tiempo pasa inexorablemente y el gobierno -en especial el central- está en mora de implementar una acción integral e inmediata que ponga coto a tan abominable situación. A menos que existan inconfesables intereses en los distintos niveles del estado.