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Tolima
12 de Nov, 2026

Alias ‘Chapolo’: primer caso de alto impacto tras la nueva Ley de Sometimiento

Tolima, La Editorial.com.co

El sur del Tolima recibió una noticia que podría marcar un punto de inflexión en la confrontación contra las disidencias de las Farc. Jhan Carlos Rodríguez Masmela, conocido con el alias de ‘Chapolo’, señalado como principal cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, se sometió a la justicia junto con otros cuatro integrantes de esa organización armada ilegal.

El procedimiento se conoció el 10 de noviembre y se habría materializado en el sector de Pacarní, jurisdicción de Tesalia, Huila, mediante una operación del Ejército Nacional coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Durante la actuación fueron entregados cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos granadas y abundante munición.

Con este hecho, ‘Chapolo’ se convierte en el primer caso de sometimiento de un cabecilla de esta relevancia conocido públicamente tras la entrada en vigor de la nueva Ley 2640 de 2026, sancionada por el presidente Abelardo De la Espriella el pasado 5 de noviembre.

La nueva legislación establece un marco jurídico para facilitar el sometimiento individual y colectivo de organizaciones armadas ilegales, con condiciones relacionadas con la entrega de armas, identificación de integrantes, suministro de información sobre las economías criminales, esclarecimiento de hechos y reparación a las víctimas. La aplicación concreta de estos mecanismos al caso de ‘Chapolo’ deberá ser precisada por las autoridades judiciales y el Gobierno Nacional.

Extorsiones en el sur del Tolima

La importancia de este sometimiento se explica por los antecedentes que las autoridades le atribuyen a Rodríguez Masmela. Era considerado uno de los principales objetivos de la Fuerza Pública en el Tolima y figuraba entre los más buscados del departamento.

Como presunto cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, habría liderado actividades criminales en zonas rurales del Tolima y Huila.

Entre los señalamientos en su contra aparecen extorsiones sistemáticas a campesinos, cafeteros, ganaderos y comerciantes; amenazas contra dirigentes y comunidades rurales; homicidios selectivos, reclutamiento de menores y acciones de intimidación para imponer controles ilegales sobre la población.

También se le ha relacionado con ataques contra la Fuerza Pública y otras actividades asociadas al control de economías ilícitas.

Por información que permitiera su ubicación y captura, la Gobernación del Tolima había anunciado una recompensa de hasta $300 millones, en medio de una estrategia de presión institucional y militar para debilitar esta estructura criminal.

La gobernadora Adriana Magali Matiz celebró el resultado y destacó el trabajo articulado entre las autoridades departamentales, el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública.

Desde la Administración Departamental se habían promovido consejos de seguridad, solicitudes de fortalecimiento de las operaciones militares y acciones para aumentar la presión sobre los grupos armados que venían afectando la tranquilidad de los habitantes del sur del Tolima.

Por su parte, el secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, Alfredo Bocanegra, sostuvo que el resultado "no debe entenderse como una victoria personal, sino como un logro institucional y colectivo, especialmente para las comunidades que durante años han padecido las amenazas y extorsiones".

La Ley 2640 de 2026 establece que los procesos colectivos deben avanzar por una fase administrativa, bajo responsabilidad del Gobierno Nacional, y otra de judicialización, a cargo de las autoridades competentes. Entre sus exigencias están el desarme, la entrega de información sobre las estructuras criminales y sus fuentes de financiación, la identificación de sus integrantes y los compromisos de verdad y reparación.

 


 

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