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Economía
23 de Apr, 2026

Gobierno Petro ordena traslado de $25 billones a Colpensiones y desata fuerte debate por el futuro del ahorro pensional

El decreto que obliga a mover recursos desde fondos privados hacia Colpensiones genera preocupación en gremios y analistas. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como un ajuste del sistema, expertos advierten riesgos fiscales, jurídicos y para el ahorro de millones de colombianos.

Economía, La Editorial.com.co

Una nueva tormenta económica y política se desató en Colombia tras la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de ordenar el traslado de $25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La medida, formalizada mediante decreto, ha sido duramente cuestionada por gremios, centros de estudio y actores del sector financiero.

El anuncio coincidió con el Congreso de Asofondos en Cartagena, lo que incrementó la tensión en el ambiente económico. Desde ese escenario, representantes del sector expresaron su sorpresa por el momento en que se expidió la norma y alertaron sobre sus posibles efectos.

¿Qué implica el traslado?

Los recursos provienen de un subfondo de perfil conservador, compuesto principalmente por ahorros de personas que están a menos de 10 años de pensionarse o que incluso ya adquirieron ese derecho. Según datos del propio gremio, cerca del 70% de estos recursos están invertidos en deuda pública (TES).

El decreto establece plazos estrictos: las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tendrán 20 días para trasladar la mitad de los recursos de afiliados activos y 10 días adicionales para completar el proceso. En el caso de pensionados, el plazo es de aproximadamente 15 días.

De acuerdo con lo explicado por directivos del sector, la mayoría de los activos no serán liquidados, sino trasladados directamente, lo que evitaría una caída abrupta en el precio de los títulos de deuda pública. Sin embargo, alrededor del 30% sí tendría que venderse, lo que mantiene la preocupación sobre posibles impactos en el mercado.

Argumentos del Gobierno

El Ejecutivo ha defendido la decisión como una forma de corregir el “descalce” del sistema pensional. En términos simples, busca que los recursos de quienes ya están pensionados o próximos a hacerlo estén en el sistema público que asume el pago de sus mesadas, evitando que el Estado siga financiando pensiones mientras el ahorro permanece en el sector privado.

Esta lógica se alinea con los objetivos de la reforma pensional impulsada por el Gobierno, que busca fortalecer el papel del sistema público en la protección de la vejez.

Facebook: Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Las críticas: ahorro, legalidad y confianza

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde Asofondos se cuestionó tanto el contenido del decreto como su velocidad de implementación. El gremio advirtió que la medida podría afectar la estabilidad del sistema y la confianza de los afiliados.

Por su parte, Anif, a través de su presidente José Ignacio López, alertó que estos recursos dejarían de ser ahorro para convertirse en gasto corriente, lo que abriría espacio fiscal al Gobierno pero debilitaría el respaldo futuro de las pensiones.

Expertos también han señalado posibles riesgos jurídicos, al considerar que el traslado podría ir en contravía de principios del sistema pensional y de la propia reforma en curso. A esto se suma la preocupación por el impacto en el mercado de deuda pública, dado el volumen de recursos involucrados.

¿A quién afecta?

La medida impacta principalmente a afiliados cercanos a la edad de jubilación o ya pensionados en el régimen privado. Para este grupo, el traslado implica un cambio en la administración de sus recursos, que pasarán a manos del sistema público.

Aunque el Gobierno insiste en que no se afectarán los derechos adquiridos, el debate sigue abierto sobre las implicaciones de mediano y largo plazo para la sostenibilidad del sistema.

Un debate que apenas comienza

El traslado de $25 billones se convierte así en uno de los movimientos más controversiales en materia económica del actual gobierno. Más allá de sus efectos inmediatos, la discusión de fondo gira en torno a la confianza en el sistema pensional, la seguridad jurídica y el manejo de los recursos de los trabajadores.

En un contexto de reforma estructural, esta decisión marca un punto de inflexión y anticipa un debate aún más intenso sobre el modelo pensional que regirá en Colombia en los próximos años.

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