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Política
09 de Apr, 2026

Corte Constitucional tumba la emergencia económica de Petro y abre debate fiscal por $1,6 billones

Con una votación de 6-2, el alto tribunal declaró inexequible el decreto que sustentaba la emergencia económica de diciembre de 2025, al considerar que hubo una “ostensible violación” de la Constitución. La decisión deja sin efecto los impuestos creados, genera incertidumbre sobre $1,6 billones ya recaudados y desata una fuerte reacción del Gobierno.

Política, La Editorial.com.co

En una de las decisiones más trascendentales para la política económica reciente del país, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro había declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.

La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, con salvamentos parciales de voto de Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó en la deliberación.

El alto tribunal fue contundente: la declaratoria implicó una “ostensible violación de la Carta Política”, al no cumplir con los requisitos exigidos para acudir a un estado de excepción.

En particular, cuestionó la falta de justificación suficiente sobre la urgencia de la crisis, el uso excesivo de facultades extraordinarias y la necesidad de preservar la separación de poderes.

La sentencia ratifica la línea que ya había trazado la Corte en enero de 2026, cuando suspendió provisionalmente el decreto -también por 6-2- al advertir que su aplicación podría generar efectos irreversibles.

Se caen impuestos y medidas clave

El fallo no solo tumba la emergencia, sino que deja sin sustento jurídico el paquete de decretos expedidos a su amparo, entre ellos los Decretos 1474 de 2025 y 044 de 2026, que contenían una ambiciosa reforma tributaria por vía excepcional.

Entre las medidas que quedan en entredicho están el aumento de la sobretasa al sector financiero (que elevaba la carga efectiva hasta cerca del 50%), el incremento del IVA a bebidas alcohólicas del 5% al 19%, nuevos impuestos al patrimonio para personas naturales, gravámenes a hidrocarburos y tributos adicionales al sector energético.

Estas disposiciones buscaban recaudar entre $11 y $16 billones para financiar el presupuesto de 2026, luego del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

Imagen Bloomberg News / La Editorial.com.co

El dilema de los $1,6 billones

Uno de los puntos más sensibles que deja la decisión es el futuro de los recursos ya recaudados. Según el Ministerio de Hacienda, hasta el 29 de enero -cuando la Corte suspendió el decreto- el Gobierno alcanzó a recoger cerca de $1,6 billones, equivalente a aproximadamente el 10% de la meta proyectada.

Ahora, el debate jurídico se centra en si el fallo tendrá efectos retroactivos. De ser así, el Estado podría verse obligado a devolver esos recursos, lo que abriría un boquete adicional en las ya presionadas finanzas públicas.

“Nos quieren ahorcar”

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. Desde Chocó, en un evento oficial, el mandatario criticó duramente la decisión y aseguró que tendrá “innumerables consecuencias” para su administración.

“Nos quieren ahorcar”, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que cuestionó a las instituciones que, según dijo, “no recogen la voluntad del pueblo colombiano actual” y bloquean nuevas fuentes de ingresos para el Gobierno.

Petro insistió en que la emergencia no respondía únicamente a un desbalance fiscal, sino a un “déficit de riesgo” que compromete la capacidad del Estado para cumplir obligaciones como el pago de la deuda y las indemnizaciones a víctimas.

Lo que viene: reforma tributaria 

Tras el revés judicial, el Gobierno anunció que llevará el mismo paquete de medidas al Congreso mediante una nueva ley de financiamiento con mensaje de urgencia. Sin embargo, el propio presidente advirtió que, si no prospera, evaluaría decretar una nueva emergencia económica.

Analistas advierten que el fallo marca un límite claro al uso de estados de excepción para fines fiscales y refuerza el papel del Congreso como escenario natural para tramitar reformas tributarias.

Mientras tanto, el país entra en un nuevo capítulo de tensión entre las ramas del poder público, con efectos directos sobre la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica y el rumbo económico de Colombia en los próximos meses.

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