Corte Constitucional tumba la emergencia económica de Petro y abre debate fiscal por $1,6 billones
Con una votación de 6-2, el alto tribunal declaró inexequible el decreto que sustentaba la emergencia económica de diciembre de 2025, al considerar que hubo una “ostensible violación” de la Constitución. La decisión deja sin efecto los impuestos creados, genera incertidumbre sobre $1,6 billones ya recaudados y desata una fuerte reacción del Gobierno.
Política, La Editorial.com.co
En una de las decisiones más trascendentales para la política económica reciente del país, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro había declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, con salvamentos parciales de voto de Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó en la deliberación.
El alto tribunal fue contundente: la declaratoria implicó una “ostensible violación de la Carta Política”, al no cumplir con los requisitos exigidos para acudir a un estado de excepción.
En particular, cuestionó la falta de justificación suficiente sobre la urgencia de la crisis, el uso excesivo de facultades extraordinarias y la necesidad de preservar la separación de poderes.
La sentencia ratifica la línea que ya había trazado la Corte en enero de 2026, cuando suspendió provisionalmente el decreto -también por 6-2- al advertir que su aplicación podría generar efectos irreversibles.
El fallo no solo tumba la emergencia, sino que deja sin sustento jurídico el paquete de decretos expedidos a su amparo, entre ellos los Decretos 1474 de 2025 y 044 de 2026, que contenían una ambiciosa reforma tributaria por vía excepcional.
Entre las medidas que quedan en entredicho están el aumento de la sobretasa al sector financiero (que elevaba la carga efectiva hasta cerca del 50%), el incremento del IVA a bebidas alcohólicas del 5% al 19%, nuevos impuestos al patrimonio para personas naturales, gravámenes a hidrocarburos y tributos adicionales al sector energético.
Estas disposiciones buscaban recaudar entre $11 y $16 billones para financiar el presupuesto de 2026, luego del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
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