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El País
11 de Jun, 2026

Polémica por la nacionalidad estadounidense de Abelardo De La Espriella

Expertos constitucionalistas señalan que no existe inhabilidad para aspirar al cargo, aunque advierten eventuales conflictos de interés en situaciones excepcionales.

Política, La Editorial.com.co

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, un grupo de exmagistrados, docentes universitarios y académicos divulgó una carta en la que plantea interrogantes sobre la nacionalidad estadounidense del candidato presidencial Abelardo De La Espriella y las implicaciones que esta podría tener para el ejercicio de la Presidencia de la República.

El documento sostiene que la ciudadanía norteamericana del candidato genera "obstáculos jurídicos, éticos y políticos" para quien aspire a ocupar la Casa de Nariño. Sin embargo, llama la atención que el pronunciamiento se conozca en esta etapa de la campaña, pese a que la doble nacionalidad de De La Espriella ha sido pública desde antes de oficializar su candidatura.

La discusión surge además después de varias decisiones judiciales relacionadas con la campaña del aspirante, entre ellas restricciones al uso de la camiseta de la Selección Colombia, de su eslogan "Firmes por la Patria" y del nombre de su movimiento político "Defensores de la Patria".

RTVC Noticias / La Editorial.com.co

 

 

El debate sobre el juramento estadounidense

Uno de los principales argumentos expuestos por los firmantes de la carta gira en torno al juramento que realizan quienes adquieren la ciudadanía de Estados Unidos.

En dicho compromiso se establece la renuncia a lealtades previas hacia otras naciones y el deber de defender la Constitución y las leyes estadounidenses. Según los promotores del documento, este juramento tendría efectos jurídicos que podrían generar incompatibilidades para ejercer la jefatura del Estado colombiano.

No obstante, varios especialistas han hecho una importante distinción jurídica entre los conceptos de inhabilidad e incompatibilidad.

El analista y abogado constitucionalista Héctor Riveros explicó que la legislación colombiana no contempla una inhabilidad que impida a Abelardo De La Espriella aspirar o ser elegido presidente de Colombia.

De acuerdo con Riveros, la jurisprudencia y la doctrina han establecido que la doble nacionalidad, en casos como el de los colombianos por nacimiento, no constituye una causal que invalide una eventual elección presidencial.

La Constitución Política, en su artículo 197, remite a las causales de inhabilidad contenidas en el artículo 179. Allí se establece una restricción para quienes posean doble nacionalidad, pero exceptúa expresamente a los colombianos por nacimiento.

Dado que De La Espriella nació en Colombia, dicha restricción no le sería aplicable.

¿Dónde podría existir una incompatibilidad?

Según los expertos consultados, la discusión jurídica no se centra en la posibilidad de ser elegido, sino en situaciones específicas que podrían presentarse durante el ejercicio del cargo.

Un eventual conflicto de interés podría surgir, por ejemplo, en escenarios donde Colombia y Estados Unidos tengan intereses contrapuestos y el presidente deba tomar decisiones que afecten directamente a ambas naciones.

Entre los ejemplos planteados figura una eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países o decisiones diplomáticas de alto nivel que involucren intereses estratégicos de las dos naciones.

Contratistas y exfuncionarios entre los firmantes

La controversia también ha generado debate por la identidad de algunos de los firmantes de la carta.

Entre ellos aparece Leopoldo Múnera, profesor pensionado de la Universidad Nacional y figura cercana al presidente Gustavo Petro.

Asimismo, se encuentran exmagistrados y académicos que, según registros públicos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II), han celebrado contratos con distintas entidades estatales durante los últimos años.

Entre los nombres mencionados figuran Stella Conto Díaz del Castillo, Ramiro Pazos Guerrero, Liliana Estupiñán Achury y Douglas Enrique Lorduy Montañez, quienes han tenido vínculos contractuales con entidades como el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la ESAP y la Agencia Nacional de Tierras.

La discusión continúa generando reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país, mientras la campaña presidencial entra en su etapa decisiva y el debate sobre la doble nacionalidad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.

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