Ataco llora cinco muertos por minería ilegal y en Venadillo el invierno golpea a 200 familias
Cinco mineros murieron sepultados por un derrumbe en la vereda Mesa de Pole, en Ataco. La tragedia reaviva las alertas por la minería ilegal que crece sin control y que ya había sido advertida por la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, como una amenaza ambiental, social y de seguridad. En otro frente, Venadillo enfrenta una emergencia por inundaciones.
Ataco volvió a despertar con la noticia que nadie quiere oír: muertos bajo la tierra, muertos buscando oro en un territorio donde la minería ilegal ya es parte de la cotidianidad.
El derrumbe ocurrió en la mina Las Cruces, en la vereda Mesa de Pole, donde cinco personas fueron sepultadas por una masa de tierra inestable. El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, confirmó el balance:
“Tenemos cinco fallecidos. La emergencia fue atendida por el personal de socorro, pero lamentablemente no hubo posibilidad de rescatarlos con vida”.
Las lluvias, la precariedad de las excavaciones y la ausencia total de control estatal hicieron parte de una ecuación letal. La imagen de una retroexcavadora sacando los fallecidos da cuenta del horror por la fiebre del oro.
En septiembre pasado, en la vereda El Viso - Anapé, otro derrumbe dejó seis sepultados y una mujer fallecida. Ataco carga ya varias tragedias en menos de tres meses.
La comunidad, golpeada por la tragedia y la rabia contenida, no dudó en señalar que este resultado era previsible.
María Fernanda, habitante de la zona, narró: “Aquí se sabía que esa mina estaba inestable. Los muchachos trabajaban sin equipos, sin medidas. Nosotros avisamos varias veces que eso se estaba hundiendo, pero nadie vino. Ahora sí aparecen todos cuando ya están muertos".
Un minero artesanal que pidió reserva de su nombre fue más directo: “La minería ilegal está desbordada porque la gente tiene hambre y porque los grupos armados mandan. La Policía viene, toma fotos, se van… y todo sigue igual. Los que mueren son los pobres”.
La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, ya había advertido en entrevista con LaEditorial.com.co la gravedad de la expansión de la minería ilegal en el sur del Tolima. Alertó sobre: infiltración de mineros ilegales en títulos legales, control de disidencias armadas sobre maquinaria y producción, y destrucción acelerada de ríos, montañas y suelos.
“Si no se actúa ya, el Tolima puede perder fuentes hídricas enteras”, había dicho Alfonso.
En los últimos meses, las autoridades han destruido maquinaria usada por organizaciones armadas que controlan gran parte de la minería ilegal en Ataco. Son retroexcavadoras, dragas y motores capaces de producir hasta 6 kilos de oro al mes, equivalentes a cientos de millones en manos de estructuras criminales.
El Estado actúa, sí, pero tarde y de forma fragmentada: el territorio está lleno de huecos clandestinos, maquinaria improvisada y cuadrillas enteras trabajando sin supervisión, sin seguridad y sin alternativas económicas. Mientras tanto, Ataco permanece atrapado entre la pobreza, la ilegalidad y la muerte.
A kilómetros de allí, en el norte del departamento, otra emergencia marcó la jornada del sábado. Más de 200 familias en Venadillo resultaron damnificadas por el desbordamiento de la quebrada Galapo, que inundó barrios como Pueblo Nuevo, arrastrando enseres, afectando viviendas y dejando un panorama devastador.
La Gobernación del Tolima llegó con ayudas humanitarias: kits nutricionales, de aseo, cobijas, toallas, colchonetas y ropa.
Martha Villarreal, de la Oficina de Gestión Social, afirmó: “Estamos aquí cumpliendo la instrucción de la gobernadora: trabajar con los pies en el territorio y acompañar a las familias que lo han perdido todo”.
Ana Praxedis Galicia, afectada, dijo: “Nunca habíamos visto el agua entrar así. Perdimos todo. Pero al menos sentimos que no estamos solos”.
El alcalde Rolando Gómez fue claro: “Una emergencia de este tamaño supera cualquier municipio. Estoy agradecido con la Gobernación por responder rápido. Aquí no hay colores políticos: hay familias que necesitan ayuda”.
En el epílogo de la jornada sabatina se podría esgrimir que la muerte de cinco mineros en Ataco y las inundaciones en Venadillo muestran un departamento sometido por dos fuerzas devastadoras: la ilegalidad y el clima.
El sur clama por control y alternativas económicas frente a la minería ilegal. El norte exige obras de mitigación, dragados, muros de contención y sistemas de alerta temprana.