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Política
06 de Apr, 2026

“Chuzadas” a De la Espriella sacuden la campaña presidencial

Denuncias por presunta interceptación ilegal de comunicaciones, amenazas y señalamientos contra el Gobierno elevan la tensión política en Colombia en plena contienda electoral, mientras autoridades evalúan si hay mérito para abrir investigación.

Política, La Editorial.com.co

En medio de la campaña presidencial en Colombia, una nueva controversia sacude el panorama político tras las denuncias del aspirante Abelardo De la Espriella sobre presuntas interceptaciones ilegales a sus comunicaciones, acompañadas de advertencias de posibles atentados en su contra.

El caso tomó relevancia luego de que el asesor jurídico del movimiento Defensores de la Patria, Germán Calderón España, radicara una solicitud formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación.

En el documento se pide investigar al presidente Gustavo Petro por la presunta comisión del delito de violación ilícita de comunicaciones, a raíz de publicaciones en las que el mandatario hace referencia a conversaciones privadas relacionadas con procesos de contratación estatal.

La denuncia también solicita que se extiendan las indagaciones a funcionarios del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), aún sin identificar, bajo el argumento de un posible uso irregular de información reservada. Según el escrito, estas actuaciones podrían contravenir lo establecido en el artículo 175 de la Constitución y normas del Código Penal sobre interceptación de comunicaciones.

Foto X: Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.

De la Espriella, por su parte, ha calificado los hechos como parte de una persecución política en su contra. En declaraciones públicas, aseguró que lleva meses siendo objeto de seguimientos, interceptaciones y campañas de desprestigio, y advirtió sobre un eventual atentado. El candidato anunció que llevará su caso ante instancias internacionales, incluyendo organismos en Estados Unidos y la Unión Europea, al considerar que sus garantías constitucionales están siendo vulneradas.

“Lo que está en juego es mi vida en un país que se acostumbró a asesinar candidatos presidenciales”, afirmó, elevando el tono de la denuncia en un contexto históricamente sensible para la democracia colombiana.

No obstante, desde el ámbito técnico han surgido matices frente a las acusaciones. Wilmar Mejía, exdirector de Inteligencia del DNI, señaló que podría tratarse de una “imprecisión” el uso del término inteligencia por parte del Ejecutivo. Según explicó, la información mencionada podría provenir de interceptaciones legales ordenadas por un juez, lo que cambiaría sustancialmente el alcance de las denuncias.

Hasta ahora, el Gobierno nacional no ha emitido una respuesta oficial frente a los señalamientos. Mientras tanto, la Comisión de Acusación se encuentra en etapa de evaluación preliminar para determinar si existen méritos que justifiquen la apertura de una investigación formal.

El episodio ocurre en un momento clave del calendario electoral y revive preocupaciones sobre el uso de herramientas de inteligencia, la seguridad de los candidatos y las garantías democráticas. Más allá de las responsabilidades individuales que puedan establecerse, el caso pone en evidencia la fragilidad del debate político cuando se mezcla con denuncias de persecución, filtraciones y riesgos a la integridad de quienes aspiran a dirigir el país.

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