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Política
28 de Apr, 2026

Consejo de Estado frena decreto y el Gobierno convoca a las calles

La suspensión del decreto que ordenaba trasladar $25 billones de fondos privados a Colpensiones desató un fuerte pulso entre el Gobierno y el Consejo de Estado. Mientras el presidente insiste en movilizaciones y plantea una constituyente, desde el Ejecutivo arremeten contra la decisión judicial que mantiene en suspenso el futuro de miles de afiliados.

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La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente el decreto que permitía el traslado anticipado de recursos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y las altas cortes en Colombia.

El fallo detuvo una medida clave del Decreto 415 de 2026, que buscaba agilizar el traslado de cerca de $25 billones correspondientes a afiliados que habían optado por cambiarse de régimen pensional.

La suspensión, adoptada como medida cautelar de urgencia, responde a una demanda que cuestiona la legalidad del decreto y advierte posibles excesos del Ejecutivo en su potestad reglamentaria.

Según el Consejo de Estado, el Gobierno habría intentado modificar condiciones fijadas por la ley, al ordenar el traslado de los ahorros antes de que los afiliados cumplieran los requisitos para pensionarse.

El tribunal consideró que permitir ese movimiento en plazos tan cortos -20 días para el 50% de los recursos y 10 días para el restante- podría generar consecuencias financieras irreversibles.

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. El mandatario cuestionó duramente la decisión judicial, asegurando que “está vetando el traslado de los ahorradores” y afirmando que, en su interpretación, favorece a los intereses del sector financiero sobre los trabajadores.

Imagen: Contexto Ganadero / La Editorial.com.co

En ese contexto, Petro redobló su apuesta política con un llamado a la movilización ciudadana el próximo Primero de Mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo. Según dijo, la jornada será clave para “defender el derecho a la pensión” y exigir cambios estructurales en la economía, como la reducción de tasas de interés y el impulso al empleo.

Pero el pronunciamiento fue más allá. El presidente volvió a poner sobre la mesa la idea de una asamblea constituyente como mecanismo para destrabar las reformas sociales de su gobierno, argumentando que estas han encontrado barreras tanto en el Congreso como en la justicia. La propuesta anticipa un escenario de mayor confrontación institucional.

Desde el Ejecutivo, otras voces se sumaron a las críticas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como una medida que “retiene la plata de la gente” y aseguró que afecta a cerca de 120 mil personas que ya habían solicitado el cambio de régimen. En su lectura, el fallo representa “una victoria más de los ricos”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, consideró la decisión “inaceptable” y afirmó que favorece al capital financiero en detrimento de los derechos de los trabajadores.

En el trasfondo del debate, persiste una discusión jurídica de fondo: si el Gobierno puede, mediante decreto, acelerar el traslado de recursos pensionales o si ello requiere una base legal más sólida definida por el Congreso. La demanda que originó la suspensión también advierte sobre posibles riesgos fiscales y una eventual intención de asegurar liquidez estatal antes de decisiones clave de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.

Por ahora, la decisión del Consejo de Estado mantiene el statu quo: los recursos de los afiliados que aún no se han pensionado seguirán en los fondos privados mientras se resuelve de fondo la legalidad del decreto.

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