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Política
23 de Feb, 2026

Escándalo de nepotismo golpea a Guillermo Alfonso Jaramillo

Sobrinos, cuñada, hijastro e hijo del ministro habrían recibido más de $3.000 millones en contratos y cargos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro, según denuncia de la congresista Katherine Miranda revelada por Revista Semana. El señalamiento se suma a la controversia por el caso del niño Kevin y vuelve a poner al jefe de la cartera de Salud en el centro de la tormenta política.

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El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no termina de salir de la picota pública por el caso del niño Kevin -que desató fuertes cuestionamientos por presunta negligencia institucional y provocó pronunciamientos de órganos de control- cuando enfrenta ahora un nuevo escándalo: señalamientos de presunto nepotismo que salpican a varios integrantes de su familia.

La denuncia fue expuesta por la representante a la Cámara Katherine Miranda y amplificada por la Revista Semana, que detalló contratos y nombramientos que, sumados, superarían los $3.000 millones en el actual Gobierno.

“¿Estamos frente a un clan familiar beneficiado con recursos públicos? Más de $3.000 millones para una sola familia”, cuestionó Miranda, quien respaldó a Petro en 2022 pero hoy es una de las voces más críticas desde el Congreso.

Los nombres en el radar

Según la información divulgada, María Clara Berrocal -cuñada del ministro y esposa de Omar Jaramillo- habría suscrito cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de $390 millones.

En el listado también aparecen sobrinos del ministro. Sebastián Jaramillo Berrocal firmó en 2024 un contrato con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) por $72 millones.

Otro sobrino, Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, habría suscrito 12 contratos con distintas entidades, entre ellas la Empresa Ferroviaria Regional, por más de $1.400 millones. Miranda recordó que en 2023 fue sancionado por seis meses por la Procuraduría General de la Nación e imputado por presunto interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito dentro del caso Odebrecht, y aun así continuó contratando con el Estado.

La lista incluye además a Sebastián Laverde Gómez, hijastro del ministro, quien habría sido contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por cerca de $97 millones.

Omar Jaramillo Martínez, hermano del jefe de la cartera, firmó contrato con la Contraloría General de la República por $38 millones.

En el plano internacional, Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, fue designado en agosto de 2024 como director de ProColombia en el Reino Unido, con ingresos superiores a $40 millones mensuales, lo que podría representar alrededor de $720 millones en el periodo señalado.

El ministro de Salud, protagoniza un nuevo escándalo que involucra a su círculo familiar.

A esto se suma que la esposa del ministro, Beatriz Eugenia Gómez, ocupa el cargo de superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, con ingresos que rondarían los $500 millones acumulados.

Contexto político y reacciones

El escándalo estalla en un momento especialmente sensible para el Ministerio de Salud, en medio de la crisis estructural del sistema, la discusión de la reforma a la salud y el desgaste político tras el caso del niño Kevin, que ya había puesto a Jaramillo bajo fuerte escrutinio.

Miranda fue más allá del señalamiento administrativo y lo convirtió en un cuestionamiento político al proyecto de cambio del Gobierno: “El cambio salió chimbo, prometía acabar con los clanes, pero aquí el poder cambió fue de apellido”, afirmó en declaraciones recogidas por Semana y replicadas ampliamente en redes sociales.

El ministro, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Petro y con mayor permanencia en el gabinete, no ha emitido hasta el cierre de esta edición un pronunciamiento detallado frente a cada uno de los contratos señalados. Sectores afines al Gobierno han respondido que la contratación de familiares no constituye per se una ilegalidad, siempre que no exista inhabilidad ni intervención directa del funcionario en los procesos.

Un ministro bajo presión

Guillermo Alfonso Jaramillo es amigo personal del presidente Petro desde hace décadas, cuando coincidieron en la vida política y en escenarios previos a la llegada del actual mandatario a la Casa de Nariño. Su permanencia en el gabinete, pese a múltiples crisis, ha sido interpretada por analistas como muestra de la confianza política que conserva.

Sin embargo, la acumulación de controversias -primero por el manejo del caso Kevin y ahora por los presuntos beneficios contractuales a su círculo familiar- pone al ministro en una posición políticamente frágil, justo cuando el Gobierno necesita cohesión para sacar adelante su agenda en el Congreso.

De confirmarse irregularidades, el caso podría escalar a instancias disciplinarias y fiscales. Por ahora, la denuncia abre un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y sectores independientes del Legislativo, y reaviva el debate sobre la ética pública en un gobierno que hizo de la lucha contra los “clanes” una de sus principales banderas.

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