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Política
19 de Jan, 2026

Gobernadores no se tragaron el ‘sapo’ de la emergencia económica de Petro

Mandatarios departamentales anunciaron acciones jurídicas contra el decreto 1474 de 2025, al considerar que pone en riesgo las finanzas territoriales y vulnera la autonomía regional. El Gobierno defiende la medida, confía en el aval de la Corte Constitucional y advierte controles a quienes no la apliquen.

Política, La Editorial.com.co

El pulso entre el Gobierno Nacional y los gobernadores por la declaratoria de emergencia económica entró ayer lunes en una fase crítica. Tras una extensa reunión en el Ministerio de Hacienda, los mandatarios departamentales dejaron claro que no “se tragan el sapo” del decreto 1474 de 2025 y anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional para frenar, al menos de manera provisional, la aplicación de las medidas tributarias que consideran lesivas para las finanzas regionales.

Al encuentro asistieron el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt; el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, y delegados de los gobiernos departamentales. Aunque los gobernadores reconocieron la disposición al diálogo del Ejecutivo, reiteraron una postura común: defender las rentas cedidas a los departamentos que sostienen sectores clave como salud, educación y deporte.

En un pronunciamiento conjunto, los mandatarios señalaron que solicitarán a la Corte Constitucional una medida de protección para suspender provisionalmente los efectos del decreto en lo relacionado con el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA a licores y cigarrillos. Para las regiones, se trata de rubros estratégicos cuya afectación tendría un impacto directo en la prestación de servicios esenciales.

“El debate no es solo fiscal, es constitucional”, advirtieron. Recordaron que Colombia es una República unitaria, pero descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, y que cualquier medida que desconozca ese principio debe ser objetada. Aun así, dejaron abierta la puerta al diálogo y manifestaron su disposición a participar en mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Hacienda.

En este escenario fiscal, el Tolima dejaría de recibir cerca de $11.000 millones en el corto plazo solo por la aplicación directa de la medida. A esto se suma una reducción aproximada del 30 % en los recursos que hoy transfiere la Fábrica de Licores, lo que afectaría de manera directa la inversión social del departamento.

Según explicó Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, si el decreto se mantiene, el impacto total en este departamento podría ascender a cerca de $52.000 millones en los próximos años, como consecuencia de la caída en las ventas, la pérdida de mercado y el debilitamiento de las marcas propias del departamento.

Matiz indicó que "los vinos podrían subir entre 124% y 140%, mientras que los aguardientes y rones tendrían incrementos entre 94% y 105%". Esta situación, agregó, podría llevar a que más personas acudan al mercado informal, afectando los ingresos del ente territorial y generando riesgos para la salud pública.


Gobierno en revisión

Desde el Gobierno, el ministro Ávila defendió la emergencia económica y aseguró que esta no recorta los ingresos de los departamentos. Como conclusiones del encuentro, anunció tres líneas de acción: la instalación de mesas técnicas con las regiones para revisar los impactos de la medida, un monitoreo mensual de los posibles costos para los departamentos y un seguimiento estricto al cumplimiento de los decretos expedidos bajo la emergencia.

El jefe de la cartera de Hacienda explicó que los ingresos actuales de los departamentos serán reconocidos mediante una metodología que parte de los recaudos de 2025, ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2026. “No habrá detrimento de las rentas territoriales; solo los ingresos adicionales serán percibidos por la Nación”, insistió.

Imagenes y video: Gobernación del Tolima, FND y Facebook.

Antioquia en rebeldía total

El choque de trenes entre el poder central y regional se intensificó con la decisión de Antioquia de no aplicar el decreto en su componente tributario.

El gobernador Andrés Julián Rendón anunció que acudirá a la excepción de inconstitucionalidad mientras la Corte Constitucional no emita un fallo de fondo, al considerar que la norma vulnera la autonomía fiscal del departamento. Según cálculos oficiales, el impacto para Antioquia superaría los $40.000 millones, afectando de manera directa a la Fábrica de Licores de Antioquia, una de sus principales fuentes de financiación.

Rendón advirtió que, de aplicarse el decreto, el Gobierno Nacional absorbería el crecimiento de esa renta, desviando recursos históricamente destinados a salud y educación para cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación de 2026. 

“La Constitución es la norma de normas”, sostuvo el mandatario, al señalar un posible perjuicio irremediable para las finanzas departamentales.

El pulso está servido. De un lado, hay un Gobierno central que defiende la emergencia como salvavidas fiscal; del otro, unas regiones que ven en el decreto una amenaza a su autonomía y a la sostenibilidad de los servicios que sostienen el día a día de millones de colombianos, en plena antesala de un año electoral marcado por la polarización política.

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