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Política
21 de Mar, 2026

Gustavo Petro bajo la lupa de la justicia de EE.UU.

Las revelaciones sobre investigaciones en Estados Unidos que mencionan al presidente Gustavo Petro reabren el debate sobre la legitimidad de su proyecto político, el alcance de la “paz total” y la creciente desconfianza internacional hacia su gobierno en un año electoral marcado por la polarización.

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La política colombiana vuelve a transitar por un terreno conocido, pero no por ello menos inquietante: la sospecha de vínculos entre poder y narcotráfico. Esta vez, el foco no es un actor periférico sino el propio presidente Gustavo Petro, cuyo nombre ha emergido en investigaciones adelantadas por fiscales federales en Nueva York, según reveló The New York Times.

Aunque los reportes son prudentes -y en el caso de Reuters matizan que Petro no sería el objetivo central de las indagaciones- el solo hecho de que su entorno político y su campaña estén bajo escrutinio por presuntos nexos con dineros ilícitos constituye un golpe demoledor a la narrativa ética que ha sostenido su gobierno.

Las pesquisas, que involucran agencias como la DEA, apuntan a posibles reuniones con narcotraficantes y a la eventual financiación ilegal de la campaña presidencial de 2022. Se trata de hipótesis en etapa temprana, sin imputaciones formales, pero con un impacto político inmediato: erosionan la credibilidad interna y externa del Ejecutivo colombiano.

La “paz total” bajo sospecha

Este nuevo capítulo no puede analizarse de forma aislada. Se inserta en un contexto donde la política de “paz total” ha sido duramente cuestionada por sectores políticos, autoridades regionales y analistas.

La flexibilización frente a estructuras criminales, los beneficios jurídicos y la aparente permisividad con economías ilegales han alimentado la percepción de un Estado débil frente al narcotráfico.

En regiones como el sur del país, el nordeste antioqueño o el Pacífico, la expansión de cultivos ilícitos y la minería ilegal coinciden con una estrategia gubernamental que prioriza el diálogo sobre la confrontación. Para sus críticos, esto no es pragmatismo sino claudicación.

Las recientes denuncias sobre supuestos contactos con actores del narcotráfico -aun sin confirmación judicial- terminan reforzando una narrativa peligrosa: que la “paz total” podría estar sirviendo, en la práctica, como un paraguas de legitimación para organizaciones criminales.

Washington: entre la cooperación y la desconfianza

La relación con Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Aunque oficialmente no hay ruptura, los episodios recientes -revocatorias de visa, sanciones económicas, ley Clinton y declaraciones hostiles- reflejan un deterioro profundo.

El papel de Donald Trump resulta determinante en este escenario. Su visión de América Latina, históricamente alineada con políticas de mano dura contra el narcotráfico y los gobiernos de izquierda, choca frontalmente con el enfoque de Petro. Que investigaciones judiciales avancen en paralelo a estas tensiones abre la puerta a una lectura geopolítica: la justicia como instrumento de presión.

Sin caer en teorías conspirativas, es innegable que Estados Unidos mantiene una política exterior donde los expedientes judiciales han coincidido -no pocas veces- con intereses estratégicos. El antecedente de mandatarios investigados o capturados tras dejar el poder, como el caso hondureño, refuerza esta preocupación.

Foto New York Times: Gustavo Petro

Video: Facebook - Carlos Giménez, senador de Estados Unidos.

Un semestre electoral bajo sombra

El momento no podría ser más delicado. Colombia entra en un semestre preelectoral altamente polarizado, donde el petrismo busca continuidad y la oposición intenta capitalizar el desgaste del gobierno.

En este contexto, cualquier señal de debilidad -y más aún una relacionada con el narcotráfico- tiene efectos devastadores. La oposición ya ha empezado a construir un relato donde Petro no solo fracasa en seguridad, sino que habría sido permisivo -o incluso cercano- a estructuras criminales.

Más allá de la veracidad final de las investigaciones, el daño reputacional ya está en curso. En política, la sospecha suele ser tan poderosa como la prueba.

Presunción de inocencia y responsabilidad política

Hoy no existe una acusación formal contra el presidente. Las investigaciones están en curso y, como han señalado distintas fuentes, podrían no derivar en cargos. La presunción de inocencia debe prevalecer.

Pero la responsabilidad política opera en otro plano. Un jefe de Estado no solo debe ser inocente, sino parecerlo. Y en este caso, las dudas se acumulan en un momento en que su gobierno enfrenta cuestionamientos por seguridad, economía y gobernabilidad.

El país ya vivió, en el pasado, las consecuencias de la infiltración del narcotráfico en la política. Por eso, cualquier indicio -por débil que sea- exige transparencia absoluta, explicaciones contundentes y una distancia inequívoca frente a cualquier actor ilegal.

El peso de la historia

Colombia no es un país neutral frente a estos escándalos. Su historia reciente está marcada por la penetración del narcotráfico en las instituciones. Por eso, la vara es más alta, la desconfianza más rápida y el juicio público más severo.

El presidente Gustavo Petro enfrenta hoy no solo una investigación indirecta en tribunales extranjeros, sino un juicio político en la opinión pública nacional e internacional. Y en ese escenario, la “paz total” -su principal bandera- podría terminar siendo su mayor vulnerabilidad.

El desenlace aún es incierto. La sombra del narcotráfico, real o percibida, sigue siendo el fantasma más poderoso de la política colombiana.

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