Las altas cortes están en capacidad de resistir los embates de la izquierda: Danilo Rojas, magistrado de la JEP
En entrevista con La Editorial.com.co, el expresidente del Consejo de Estado y actual magistrado de la JEP analiza el choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, advierte sobre los riesgos de los intentos de cooptación institucional en América Latina y ofrece un balance profundo de los siete años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Óscar Alexánder Varón Bedoya
Editor General
El magistrado Danilo Rojas Betancourth, una de las voces jurídicas más respetadas del país, exconsejero y expresidente del Consejo de Estado, recibió a La Editorial.com.co en un momento de máxima tensión institucional: el Gobierno Petro enfrenta a las altas cortes y el debate electoral ya calienta el ambiente.
En esta conversación, Rojas (natural de San Antonio, sur del Tolima) defiende el peso de los contrapesos democráticos, descarta paralelos con las características autoritarias de Venezuela o Nicaragua, y hace un balance de la JEP, una jurisdicción que considera sólida, innovadora y capaz de ofrecer verdad y reparación como nunca antes en la historia colombiana.
- Magistrado Rojas, recientemente se desató un debate entre el Gobierno nacional y el Consejo de Estado por la reforma a la salud y las alocuciones presidenciales. ¿Cómo lee usted este momento de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial?
Yo creo que una de las esencias de la democracia, diría incluso la esencia, es el respeto a la mayoría, a la decisión del país. En ese sentido, la Rama Judicial ha actuado muy bien al cerrar filas institucionales. La Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Comisión Interinstitucional… todos han sido firmes en defender la autonomía y la independencia judicial, que son fundamentos de cualquier democracia seria.
A veces las decisiones del Ejecutivo o del Legislativo no coinciden con los estándares constitucionales. Eso es normal: cada poder tiene sus dinámicas políticas y busca cumplir las promesas y programas que llevaron a un gobierno a ser elegido. Pero los jueces existen para recordar los límites: esto no se puede hacer así, estamos en un Estado de Derecho.
Y el Gobierno lo sabe. El presidente Petro, por ejemplo, ha sido beneficiario directo de la autonomía judicial. Recordemos cuando fue sancionado y acudió al Sistema Interamericano y al propio Consejo de Estado. Fue el Consejo de Estado quien anuló aquella sanción. Esa es la mejor prueba de la importancia de preservar la independencia de los jueces.
- ¿Diría entonces que la tensión actual es más política que institucional?
Sí. Cada uno está haciendo su papel. Los gobiernos buscan que sus proyectos se traduzcan en normas; los jueces hacen sus controles constitucionales, que también tienen un impacto político. Ese es su rol. El Presidente hace lo suyo, el Congreso lo suyo y los jueces lo suyo.
- Este Gobierno ha tenido choques con casi todas las instituciones: Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, CNE. ¿Estamos ante una presión mayor? ¿Existe riesgo de terminar como Venezuela, Nicaragua o El Salvador?
No. Y es importante decirlo con claridad. Cuando en Venezuela, Nicaragua o El Salvador se enfrentó una rama judicial independiente, la reacción de los gobiernos fue cambiar la composición de las cortes para poner magistrados más cercanos al Ejecutivo. Eso es mucho más sutil que cerrar las cortes, pero igual de grave: destruye la independencia judicial sin necesidad de un golpe evidente.
Eso pasó en Venezuela con el Tribunal Supremo; en El Salvador, cuando el presidente Bukele logró una recomposición del tribunal constitucional por desacuerdos sobre temas de paz; y también ocurrió en Ecuador en ciertos momentos.
En Colombia no estamos viendo nada semejante. Tenemos una democracia viva, con un poder judicial robusto, una tradición muy fuerte de independencia y, además, un republicanismo que han mantenido todos los gobiernos recientes, incluidos los presidentes Santos, Uribe y Duque, que también tuvieron choques con las cortes. Las tensiones no son nuevas.
- ¿La confrontación institucional aumentará con la campaña hacia 2026?
También es inevitable. Tanto los partidarios del Gobierno como sus adversarios utilizarán estas tensiones para mostrar obstáculos o para resaltar la importancia de los contrapesos. El funcionamiento económico, la política internacional, la paz y, por supuesto, el rol de la justicia estarán en el centro del debate.
Y eso no debe asustarnos. Es señal de fortaleza democrática. Que un gobierno de izquierda llegue al poder por primera vez también hace más visibles estas tensiones. Es parte del aprendizaje institucional del país.
- ¿Es 2026 el año para demostrar la fortaleza institucional del país?
Sí. Es una oportunidad para evaluar si nuestras instituciones soportan este nivel de debate o si requerimos cambios más profundos. Yo creo que sí aguantan. La tensión aumenta, pero eso también demuestra capacidad democrática. Un gobierno de izquierda mostrando, a través de la crítica y el debate, la profundidad del sistema institucional, puede ser una oportunidad para madurar políticamente.
La JEP a siete años: verdad, justicia y críticas
En la segunda parte de esta entrevista, el magistrado Rojas defendió la JEP, habló del reclutamiento de menores, del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y la preocupación que le asiste por la Paz Total.
- Se cumplen siete años de la JEP. ¿Qué balance hace usted de la jurisdicción?
El balance es positivo. La JEP es el arreglo judicial del Acuerdo de Paz y ha permitido que los mayores responsables de los peores crímenes, tanto de las Farc como de la Fuerza Pública, rindan cuentas ante un juez. Eso ya es histórico.
La cúpula completa de las Farc está compareciendo. Altos oficiales del Ejército también están respondiendo por ejecuciones extrajudiciales. Eso permite justicia, reparación y verdad para las víctimas, y contribuye a la reconciliación.
- Uno de los cuestionamientos recurrentes es si los comparecientes están diciendo toda la verdad. ¿La JEP tiene herramientas para verificar?
Sí, las tiene. Y son muy robustas. La JEP recibe información de al menos tres grandes fuentes: Todos los expedientes penales que estaban en la Fiscalía y la justicia ordinaria sobre delitos del conflicto cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Muchos ya traen condenas y hechos demostrados.
Informes de víctimas y organizaciones de víctimas, más de 1.500, con versiones detalladas y documentadas. Bases de datos estatales y no estatales, unas 150, sobre violaciones de derechos humanos.
A eso se suma la versión voluntaria de los comparecientes y la posibilidad de ordenar pruebas adicionales. Con toda esa información se cruzan datos, se contrastan relatos y se determina si alguien está diciendo la verdad o está ocultando hechos.
Por supuesto, no falta quien intente llegar con una actitud estratégica y no reconciliadora, especialmente algunos condenados. Pero el sistema permite contrastar y detectar esos casos.
- Críticos dicen que las sanciones restaurativas no son proporcionales a la gravedad de los crímenes. ¿Qué responde?
Que debemos entender el debate en su profundidad. Primero, las cárceles surgieron para humanizar la justicia y evitar la venganza. Pero hoy, desde la criminología crítica, sabemos que la prisión no logra sus dos objetivos fundamentales: evitar la repetición de la conducta, resocializar al condenado. Las cárceles no están cumpliendo esa función.
En cambio, las sanciones restaurativas -restrictivas de la libertad, pero no carcelarias- parecen ser mucho más útiles para reparar a las víctimas y transformar al victimario. Son un remedio más efectivo porque permiten encuentros, verdad, reconocimiento y reparación directa.
Y no olvidemos algo: la JEP sí puede imponer hasta 20 años de prisión cuando un compareciente no reconoce responsabilidad o falta a la verdad. No todo son sanciones restaurativas. La justicia transicional invierte el foco. En vez de centrarse en el castigo del delincuente, prioriza a la víctima: su verdad, su reparación, su alivio. Para una madre que busca a su hijo desde hace 30 o 40 años, que un compareciente diga “yo sé dónde está”, es un bálsamo. Eso no lo ofrece la justicia ordinaria.
- Las víctimas de violencia sexual han señalado que sienten que sus casos avanzan lento y que algunas decisiones no reflejan la gravedad de los hechos...
La violencia sexual fue sistemática y profundamente dañina. El reto es garantizar que cada testimonio tenga un espacio real en el proceso, sin que quede absorbido en macrocasos más amplios. Por eso la JEP ha fortalecido líneas de investigación y participación diferencial.
- ¿Y qué ocurre con el reclutamiento de menores?
El país tiene derecho a exigir contundencia. El reclutamiento es uno de los crímenes más dolorosos del conflicto y la JEP está imponiendo sanciones propias que buscan restaurar, reparar y enviar un mensaje claro de no repetición.
- Un paréntesis: ¿Cómo avanza el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado?
Fue una decisión difícil, incluso incómoda para muchos sectores. La JEP no puede escoger únicamente los episodios que generan consenso; está obligada a examinar toda conducta que los comparecientes reconozcan como relacionada con el conflicto. Entiendo el rechazo de la familia Gómez y los debates políticos que desató, pero nuestra función no es complacer agendas, sino verificar hechos y contrastarlos con evidencia. La investigación avanza, pero no puedo hablar más del caso, pues hago parte de la sección de apelación.
- ¿Está politizada la JEP?
La JEP incomoda a todos los sectores en distintos momentos, y eso es una señal de independencia, no de alineación política. Cualquier tribunal que investiga violaciones graves de derechos humanos termina enfrentando presiones y discursos polarizados. El reto es no ceder frente a ninguno de ellos.
- En la actualidad existe un nuevo ciclo de violencia ¿Qué análisis hace usted al respecto?
Creo que una de las cosas más descorazonadoras, tengo que confesarlo, que como juez de JEP yo padezco, es el hecho de estar tomando decisiones pero sin que la transición haya culminado. Nuevamente hay repetición, no por parte de la guerrilla de las Farc, salvo las disidencias, pero hay una repetición del ciclo de violencia. Hay como un nuevo ciclo de violencia, aunque hay esfuerzos importantes por parte del gobierno Petro para neutralizarlos, parece que no han sido suficientes y no se ven claramente.
- ¿Cuá es su lectura de la Paz Total en este escenario?
No me queda claro cuál es el escenario de rendición de cuentas de todos estos grupos que están involucrados en Paz Total, sean grupos con vocación rebelde, como el caso del Eln o las disidencias, o los demás grupos de delincuencia organizada que no tengan esa vocación rebelde.
- Se lo resumo: en la Paz Total no van a contar la verdad
No veo el componente de justicia claramente establecido ni que haya una exigencia de rendición de cuentas que es el mínimo a tener en cuenta en cualquier conversación con grupos que han cometido graves violaciones a derechos humanos (…) Eso sería una impunidad rampante y eso no lo resiste el estado actual del derecho internacional de los derechos humanos.
Danilo Rojas Betancourth, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Fotos y video Hélmer Parra Ortiz.