“No podemos enfrentar solos la minería ilegal en Ataco”: Olga Lucía Alfonso
La presidenta de Asocars y directora de Cortolima habla sobre los desafíos ambientales del país, la autonomía de las corporaciones, los efectos de la minería ilegal en el sur del Tolima y la falta de articulación del Gobierno con el Sistema Nacional Ambiental.
Redacción Política / La Editorial.com.co
La presidenta de la Junta Directiva de Asocars y directora general de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, habla sin rodeos sobre los retos que afrontan las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en medio de un contexto de tensiones con el Gobierno Nacional y graves afectaciones ambientales en el país.
Reelegida en marzo de 2025 al frente del gremio que agrupa a las 33 CAR de Colombia, Alfonso hace un balance de su gestión, denuncia la vulneración de la autonomía ambiental y revela con preocupación la crisis que enfrenta el sur del Tolima por minería ilegal en Ataco, donde incluso las autoridades han sido superadas por la magnitud del problema.
- ¿Cuáles han sido las prioridades en este segundo periodo al frente de Asocars?
Ya estamos culminando este segundo periodo que inició en marzo de 2025 y finaliza en marzo de 2026. Han sido meses complejos por los múltiples actos administrativos expedidos por el Ministerio de Ambiente que, en nuestra consideración, vulneran la autonomía constitucional y legal de las corporaciones.
Uno de ellos, el decreto que otorga competencias ambientales a comunidades indígenas, se expidió sin la correspondiente reforma legal o constitucional. No tenemos ninguna prevención frente a las comunidades, pero sí una preocupación jurídica: un decreto reglamentario no puede modificar competencias definidas por ley.
Por eso hemos demandado varios de esos actos, buscando restablecer el principio de autonomía que ha caracterizado al Sistema Nacional Ambiental (SINA) desde su creación hace 30 años.
-¿Cómo evalúa la relación de las CAR con el Gobierno Petro?
Ha habido una gran desarticulación. El SINA requiere coherencia entre el nivel central y las regiones, y eso no ha ocurrido. El Gobierno ha querido posicionarse como un líder ambiental internacional, pero el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente es muy reducido. La falta de continuidad institucional -con varios ministros y viceministros en poco tiempo– genera incertidumbre.
Las CAR somos el brazo técnico del SINA. Estamos en los territorios, conocemos los ecosistemas y trabajamos con las comunidades. No se puede implementar una política ambiental seria sin las corporaciones.
-¿Hay avances concretos, o todo se queda en retórica?
Hemos avanzado en algunos temas, especialmente en la gestión de recursos del Sistema General de Regalías para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. En Cortolima tenemos una amplia experiencia en formulación de proyectos, pero los procesos están demorados: llevamos meses esperando decisiones sobre convocatorias ya elegibles.
Además, las corporaciones no hemos tenido acceso al Fondo para la Vida, creado por este Gobierno. Es contradictorio que se hable de sostenibilidad mientras se bloquea el acceso a recursos que deberían fortalecer la gestión ambiental.
- Hablemos del caso Ataco. ¿Qué está pasando en el sur del Tolima?
Estamos frente a un problema gravísimo de minería ilegal en Ataco, donde se están afectando ecosistemas completos sin cumplir con permisos ambientales.
En los últimos meses realizamos varios operativos con apoyo del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía. En uno de ellos encontramos retroexcavadoras de oruga y daños ambientales irreversibles.
La ley nos obliga a incautar o destruir esa maquinaria, pero fue imposible: más de 150 personas bloquearon la operación y posteriormente 500 más participaron en una asonada.
Esto supera nuestra capacidad. No es solo Cortolima; ni la Gobernación ni la Fuerza Pública pueden solos. Hemos enviado informes al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Ambiente, a la Procuraduría, al Ejército y a la Policía, solicitando un PMU (Puesto de Mando Unificado) nacional para atender la crisis. Hasta el momento seguimos esperando respuesta.
- ¿De qué magnitud son los daños?
Son impactos que podrían calificarse de irreparables: contaminación por mercurio, afectación directa al recurso hídrico, pérdida de biodiversidad y destrucción de suelos. Hay zonas que difícilmente podrán recuperarse.
- ¿Qué tan riesgosa se ha vuelto la labor ambiental?
Mucho. Hay directores amenazados, recordemos el caso de Arnold Rincón, secuestrado por 60 días.
En algunos territorios las comunidades, presionadas por actores ilegales, impiden el ingreso de nuestros técnicos.
La seguridad se ha deteriorado en todo el país. Yo no puedo poner en riesgo la vida de mis funcionarios por hacer cumplir la ley.
- ¿Qué avances hay en materia de deforestación y tráfico de fauna?
Seguimos ejerciendo control sobre el tráfico de madera ilegal y desarrollando procesos de restauración ecológica. Lo importante no es solo sembrar árboles, sino involucrar a las comunidades en acuerdos de conservación y pago por servicios ambientales.
En fauna, mantenemos un centro de atención y evaluación en alianza con la Universidad del Tolima, donde recuperamos especies víctimas de tráfico o domesticación. Algunas pueden liberarse nuevamente en su hábitat natural.
-¿Cómo avanza la ejecución de proyectos en el departamento?
Contamos con un plan de acción cuatrenal y un Plan de Gestión Regional Ambiental con horizonte al 2050. Solo en Ibagué hemos invertido más de 100 mil millones de pesos desde que asumí la dirección.
Cada año recibimos cerca de 12 mil millones por sobretasa ambiental, pero hemos devuelto a la ciudad mucho más en obras e inversiones.
Nuestro presupuesto de inversión ronda los 40 mil millones de pesos anuales, pero con gestión adicional puede llegar a 90 mil.
Tenemos proyectos en saneamiento básico (en Ortega, Guamo y Fresno), gestión del riesgo, educación ambiental y mitigación del cambio climático: biodigestores, estufas ecoeficientes, filtros verdes y sistemas silvopastoriles.
- Usted ha insistido en modificar la tasa de uso del agua. ¿Por qué?
Porque la fórmula actual trata igual a todos los sectores -industriales, agrícolas y pecuarios-, y eso es injusto. He solicitado al Gobierno que se establezca una tasa diferencial para la producción de alimentos, como una forma de proteger la seguridad alimentaria del país.
No puede ser que producir arroz o maíz cueste lo mismo en términos de agua que fabricar cemento. Hasta ahora no hay voluntad para hacer esa reglamentación.
- ¿Cuál es su hoja de ruta en Cortolima para 2026 y los años siguientes?
Seguiremos fortaleciendo el ejercicio de la autoridad ambiental y la planificación de los recursos naturales. Hemos actualizado el estudio regional del agua, formulamos dos Pomcas, estamos culminando el acuífero de Ibagué y el del norte del Tolima, e iniciamos el primer Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del departamento.
El Tolima ya cuenta con una hoja de ruta ambiental hasta 2050. Nuestra apuesta es garantizar su cumplimiento con rigor técnico, transparencia y participación comunitaria..
Olga Lucía Alfonso Iannini, directora de Cortolima y presidenta Asocars. Foto Hélmer Parra Ortiz.