“Paz total” en jaque: el caso ‘Calarcá’ desata choque entre Fiscalía, Gobierno y oposición en plena tensión electoral
La solicitud de la Fiscalía para reactivar las órdenes de captura contra alias “Calarcá”, señalado de cometer crímenes graves mientras actuaba como gestor de paz, reabre el debate sobre los límites de la “paz total”. La controversia crece en Antioquia, donde decisiones similares han generado alarma, y se traslada al terreno electoral con acusaciones cruzadas sobre posibles beneficios políticos.
Política, La Editorial.com.co
El proceso de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta uno de sus momentos más críticos. La figura de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, cabecilla de las disidencias de las Farc y reconocido vocero en los diálogos, se ha convertido en el epicentro de una tormenta política, judicial y electoral que sacude al país.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, solicitó formalmente revocar la suspensión de las órdenes de captura contra el jefe guerrillero, al considerar que existen pruebas de que continuó delinquiendo mientras participaba en el proceso de paz. Entre los hechos más graves que se le atribuyen están homicidios, masacres, reclutamiento de menores, uso de explosivos y la instalación de minas antipersonales, incluso en 2025 y 2026.
De acuerdo con las investigaciones, sustentadas en informes del CTI y material incautado en dispositivos electrónicos, alias “Calarcá” no solo habría mantenido el control de su estructura armada, sino que habría ordenado acciones criminales en distintos territorios del país durante su rol como negociador.
La Fiscalía incluso prepara la imputación de cargos por delitos de lesa humanidad, lo que marcaría un precedente en medio de negociaciones de paz .
El caso ha evidenciado una tensión institucional de fondo: hasta dónde pueden llegar los beneficios jurídicos otorgados a actores armados en procesos de paz. Camargo ha sido enfática en que la suspensión de órdenes de captura no aplica en casos de flagrancia o delitos de lesa humanidad, una línea roja establecida incluso por la Corte Constitucional .
Sin embargo, la decisión final sobre el estatus de “Calarcá” recae en el Ejecutivo, lo que ha generado críticas sobre una posible subordinación de la justicia a la política de paz. Mientras la Fiscalía pide endurecer medidas, el Gobierno ha optado por mantener, al menos temporalmente, los beneficios mientras se evalúan las pruebas, prolongando la incertidumbre jurídica.
Uniminuto / La Editorial.com.co