La Editorial.com.co es un medio digital e informativo comprometido con el desarrollo económico y social, la sostenibilidad ambiental y la defensa de los valores democráticos.

Política
08 de Apr, 2026

“Paz total” en jaque: el caso ‘Calarcá’ desata choque entre Fiscalía, Gobierno y oposición en plena tensión electoral

La solicitud de la Fiscalía para reactivar las órdenes de captura contra alias “Calarcá”, señalado de cometer crímenes graves mientras actuaba como gestor de paz, reabre el debate sobre los límites de la “paz total”. La controversia crece en Antioquia, donde decisiones similares han generado alarma, y se traslada al terreno electoral con acusaciones cruzadas sobre posibles beneficios políticos.

Política, La Editorial.com.co

El proceso de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta uno de sus momentos más críticos. La figura de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, cabecilla de las disidencias de las Farc y reconocido vocero en los diálogos, se ha convertido en el epicentro de una tormenta política, judicial y electoral que sacude al país.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, solicitó formalmente revocar la suspensión de las órdenes de captura contra el jefe guerrillero, al considerar que existen pruebas de que continuó delinquiendo mientras participaba en el proceso de paz. Entre los hechos más graves que se le atribuyen están homicidios, masacres, reclutamiento de menores, uso de explosivos y la instalación de minas antipersonales, incluso en 2025 y 2026.

De acuerdo con las investigaciones, sustentadas en informes del CTI y material incautado en dispositivos electrónicos, alias “Calarcá” no solo habría mantenido el control de su estructura armada, sino que habría ordenado acciones criminales en distintos territorios del país durante su rol como negociador.

La Fiscalía incluso prepara la imputación de cargos por delitos de lesa humanidad, lo que marcaría un precedente en medio de negociaciones de paz .

Los límites de la paz y la autonomía judicial

El caso ha evidenciado una tensión institucional de fondo: hasta dónde pueden llegar los beneficios jurídicos otorgados a actores armados en procesos de paz. Camargo ha sido enfática en que la suspensión de órdenes de captura no aplica en casos de flagrancia o delitos de lesa humanidad, una línea roja establecida incluso por la Corte Constitucional .

Sin embargo, la decisión final sobre el estatus de “Calarcá” recae en el Ejecutivo, lo que ha generado críticas sobre una posible subordinación de la justicia a la política de paz. Mientras la Fiscalía pide endurecer medidas, el Gobierno ha optado por mantener, al menos temporalmente, los beneficios mientras se evalúan las pruebas, prolongando la incertidumbre jurídica.

Uniminuto / La Editorial.com.co

Antioquia: laboratorio de la controversia

El debate no se limita a un solo caso. En Antioquia, la suspensión de órdenes de captura a varios cabecillas criminales como parte de estrategias de sometimiento o diálogo ha encendido las alarmas de autoridades locales y líderes políticos.

La reciente reactivación de varias de estas órdenes por parte de la Fiscalía, tras detectar inconsistencias y riesgos para la seguridad, ha profundizado el choque con el Gobierno nacional. Alcaldes y gobernadores han advertido que estas decisiones podrían fortalecer estructuras criminales y afectar el control territorial en zonas urbanas y rurales.

El ingrediente electoral

En un contexto preelectoral, la polémica ha escalado al terreno político. Sectores de oposición sostienen que la flexibilización de medidas judiciales frente a estructuras armadas podría traducirse en presiones sobre comunidades y votantes, favoreciendo determinados intereses políticos.

Algunos líderes han señalado que estos grupos podrían incidir en regiones clave mediante intimidación o coacción electoral, especialmente en favor de candidaturas cercanas al oficialismo, como la de Iván Cepeda. Estas acusaciones han sido rechazadas por el propio senador, quien las califica como “montajes” sin sustento .

Una política en punto de quiebre

El caso de alias “Calarcá” sintetiza los dilemas estructurales de la “paz total”: la necesidad de negociar con actores armados para reducir la violencia, frente al riesgo de otorgar beneficios a quienes continúan delinquiendo.

Mientras el Gobierno defiende la apuesta como un camino necesario para cerrar ciclos de guerra, la Fiscalía insiste en que no puede haber impunidad para crímenes graves. En medio de esta tensión, el país se adentra en un escenario electoral marcado por la desconfianza, la polarización y el temor a que la violencia vuelva a incidir en la democracia.

La decisión que se tome sobre “Calarcá” no solo definirá el futuro de un proceso judicial, sino que podría marcar el rumbo de la política de paz en Colombia y su impacto en la estabilidad institucional en los próximos años.

Más opiniones

Artículos recientes

Loading...
Loading...