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Tolima
28 de Feb, 2026

Afluentes del sur del Tolima atacados por la contaminación bajo el amparo de grupos criminales

En el sur del Tolima, el agua ya no solo arrastra sedimento; arrastra una tragedia silenciosa que las cifras apenas logran dimensionar. Lo que comenzó como una rueda de prensa técnica en la sede de Cortolima, terminó convirtiéndose en un crudo manifiesto sobre la impotencia institucional frente a un ecocidio que avanza al ritmo de las retroexcavadoras. El diagnóstico es devastador: 232.08 hectáreas de ecosistemas estratégicos han sido borradas del mapa, dejando tras de sí un paisaje de desierto donde antes reinaba la vida.

Un desierto de 232 hectáreas

La evidencia es irrefutable. Gracias al uso de tecnología satelital de la plataforma Planet Labs y análisis multitemporales, el equipo técnico de la Corporación logró rastrear una herida que sangra desde 2016 pero que se ha profundizado entre 2025 y lo que va de 2026. Los ríos Saldaña, Atá y la quebrada Pole, en jurisdicción de Ataco, son las víctimas principales de una intervención mecánica que ha modificado cauces y destruido el bosque ripario, aquel corredor biológico que protege las riberas.

Juliana Sánchez, coordinadora de control y vigilancia, explicó con severidad que no se trata solo de remover tierra: "Estamos ante procesos de desertización del suelo". La entrada de maquinaria pesada al espejo de agua no solo enturbia el cauce; altera la profundidad, el pH y la dinámica de los sedimentos, rompiendo un equilibrio milenario.

La agonía de las especies únicas

Bajo el lodo y la contaminación por combustibles, la biodiversidad del Tolima libra una batalla perdida. El estudio regional ERA Fase 2 reveló que en estas cuencas habitan 12 especies de peces endémicos (que no existen en ningún otro lugar del mundo). Entre ellas destaca la Natagaima, un tesoro biológico cuya cadena alimenticia —basada en microorganismos llamados perifiton— está colapsando.

"Si afectamos el alimento base, se rompe toda la cadena trófica", advirtieron los expertos. El impacto no es solo ecológico; es un golpe al corazón de la seguridad alimentaria de las comunidades rurales que dependen de la pesca artesanal.

Informe de Cortolima sobre minería ilegal 

El escudo humano del "Multicrimen"

Pero el reto no es solo ambiental, es de orden público. La directora de Cortolima relató escenas que parecen sacadas de un territorio en guerra. En los 15 operativos realizados con la Fuerza Pública y la Fiscalía, las autoridades se han enfrentado a asonadas de hasta 500 personas que actúan como "escudo" para evitar la incautación o destrucción de la maquinaria.

"Muchos no son del municipio; han llegado de otros departamentos" denunció la funcionaria. Según informes del Ministerio de Defensa, estas actividades son controladas por grupos al margen de la ley bajo un modelo de "multicrimen", donde la población civil es instrumentalizada para proteger los intereses de las estructuras delincuenciales. También el alcalde de Ataco Héctor Fabio Muñoz comentó que en el territorio habrían alrededor de 4500 personas foráneas que generan inseguridad en la zona

¿Sancionar o prevenir? El dilema de la ley

Durante la sesión, el equipo jurídico fue enfático: los 75 procesos sancionatorios en curso y las 20 sanciones de fondo ya emitidas son herramientas necesarias, pero insuficientes. "La ley ambiental no compensa este daño; es irreparable", sentenció la directora.

Por ello, el llamado de Cortolima ha escalado al nivel nacional. El objetivo ahora es la aplicación del Decreto 1035 de 2024, que faculta a la Fuerza Pública para la destrucción inmediata de maquinaria pesada en flagrancia. Ya no se trata de imponer multas que los infractores pagan con el producto de lo ilegal; se trata de desarticular su capacidad operativa.

El SOS por una acción integral

La jornada cerró con una petición urgente al Gobierno Nacional: el establecimiento de un Puesto de Mando Unificado (PMU) tanto Ambiental como Social. La tesis de la Corporación es clara: la capacidad de los alcaldes, la Gobernación y Cortolima ha sido desbordada. Se requiere una intervención que no solo persiga el crimen, sino que ofrezca alternativas económicas a quienes han sido arrastrados por la dinámica de la ilegalidad.

En el sur del Tolima, el tiempo corre en contra. Mientras los informes técnicos se radican en Bogotá, las doce especies endémicas siguen nadando en aguas heridas. La pregunta que queda en el aire después de esta extensa rendición de cuentas es si el Estado llegará a tiempo antes de que el río Saldaña sea solo un recuerdo en una imagen de satélite.

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