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Tolima
23 de Jan, 2026

Ataco: la maldición del oro que devora vidas, agua y futuro

La minería ilegal se apoderó de Ataco desde hace años ante la mirada de las autoridades. Centenares de retroexcavadoras que cuestan más de 900 millones de pesos, grupos armados organizados, devastación ambiental irreversible y una población sometida al miedo configuran una tragedia que el Estado reconoce, pero que aún no enfrenta con la contundencia que exige la magnitud del desastre.

Especial, LaEditorial.com.co

El silencio en las carreteras, el miedo en las noches y una tensa calma que se rompe con el rugido de la maquinaria pesada resumen la realidad cotidiana de Ataco, un municipio del sur del Tolima atrapado desde hace años en lo que sus habitantes ya llaman sin rodeos la maldición del oro.

Centenares de retroexcavadoras, algunas nuevas y de alta tecnología, con un costo que puede superar los mil millones de pesos, operan día y noche en zonas rurales del municipio y en áreas limítrofes con Chaparral, Planadas y Rioblanco. 

A su alrededor, cambuches improvisados, campamentos masivos de barequeros llegados desde el Chocó, Antioquia, Cauca e incluso ciudadanos venezolanos, y hombres armados que vigilan cada movimiento, revelan que no se trata de minería artesanal ni espontánea, sino de una economía criminal perfectamente estructurada.

Las imágenes que circulan en redes sociales y otras suministradas por fuentes confidenciales, evidencian un saqueo sistemático de los recursos naturales: ríos desviados, suelos removidos hasta la esterilidad y afluentes convertidos en lodazales contaminados con mercurio.

“Aquí hay de todo: disidencias de las Farc, Clan del Golfo y otras estructuras que se han repartido el territorio para no enfrentarse entre ellas”, relata Pedro (nombre cambiado), líder político de la región que pidió reserva absoluta de su identidad. “El que hable se convierte en objetivo militar. Esa es la regla”.

Según este y otros testimonios recogidos por este medio, las disidencias de las Farc -especialmente estructuras que operan en el sur del Tolima- y redes asociadas al Clan del Golfo controlan buena parte de las explotaciones auríferas ilegales. 

A su alrededor gravitan miles de personas que, por necesidad o coacción, trabajan en las minas a cambio de unos cuantos gramos de oro, exponiendo sus vidas en socavones inestables o en frentes de explotación a cielo abierto.

“La devastación es brutal”, afirma Alcibiades (nombre cambiado), quien suministró varios de los videos grabados con extrema precaución en diciembre de 2025. 

“Se están acabando el Atá, Dos Aguas, el Saldaña, la Mesa de Pole, Las Señoritas. Incluso desde la carretera entre Ataco y Planadas se ven las minas funcionando. Las autoridades saben dónde están, pero no pasa nada”.

Fotos Personería y Cortolima / La Editorial.com.co

Maquinaria que entra sin explicación

Uno de los mayores interrogantes que plantean líderes sociales y veedurías ciudadanas tiene que ver con la logística del delito. Para ingresar una retroexcavadora a Ataco solo existe una vía principal, por la que necesariamente debe transitar una cama-baja.

¿Cómo ingresaron más de 150 máquinas de gran tamaño sin que ninguna autoridad detuviera, verificara o rastreara su procedencia y destino final? ¿Quién permite que equipos valorados en miles de millones de pesos atraviesen retenes policiales y militares sin control alguno?

La pregunta, incómoda pero inevitable, recorre el municipio: ¿hay tráfico de influencias o connivencia institucional para sostener este aparato técnico criminal a la vista de todos?

El Estado sabe lo que pasa

La gravedad de la situación no es desconocida para el Gobierno Nacional. LaEditorial.com.co conoció que el 9 de diciembre de 2025, en las instalaciones de Cortolima, se realizó una mesa de coordinación interinstitucional del Consejo Nacional de la Lucha contra la Deforestación (Conaldelf), solicitada formalmente por la directora general de la corporación, Olga Lucía Alfonso Iannini, ante el Ministerio de Ambiente.

En ese espacio participaron delegados de los ministerios de Defensa, Ambiente e Interior, así como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Gobernación del Tolima, Ejército Nacional, Policía y Cortolima.

Todos conocieron de primera mano la invasión de la minería ilegal en Ataco y su avance progresivo hacia zonas auríferas de Chaparral, Planadas y Rioblanco. 

Sin embargo, la realidad es contundente: a la fecha no existe un cronograma ni una fecha definida para una intervención integral de alto calado que permita recuperar el control del territorio.

Muertes, mercurio y destrucción irreversible

La tragedia humana ya se manifestó. El 15 de noviembre de 2025, el colapso de una mina ilegal dejó cinco personas muertas en zona rural de Ataco, un hecho que puso el foco nacional sobre una problemática que las comunidades llevan años denunciando. https://laeditorial.com.co/judicial/ataco-llora-cinco-muertos-por-mineria-ilegal-y-en-venadillo-el-invierno-golpea-a-200-familias

Pero más allá de las muertes visibles, los impactos que podrían calificarse de irreparables avanzan silenciosamente: Contaminación por mercurio, con efectos directos sobre la salud humana. Afectación del recurso hídrico, comprometiendo el abastecimiento de agua aguas abajo. Pérdida de biodiversidad y destrucción total de suelos productivos. Alteración de ecosistemas estratégicos del sur del Tolima.

Cortolima ha adelantado cuatro operativos conjuntos en 2025, ha abierto 34 procesos sancionatorios y ha capacitado a más de 1.300 mineros de subsistencia, pero incluso sus funcionarios han visto comprometida su seguridad ante aglomeraciones que amenazan con incendiar vehículos oficiales cuando se intenta incautar maquinaria. https://laeditorial.com.co/politica/no-podemos-enfrentar-solos-la-mineria-ilegal-en-ataco-olga-lucia-alfonso

¿Quién controla Ataco?

La pregunta final, la que nadie responde con claridad, sigue flotando sobre el municipio: ¿Quién tiene hoy el control real del orden público en Ataco y su zona rural?

Mientras el Estado delibera en mesas técnicas y no ejecuta operativos puntuales, el oro sigue saliendo, los ríos siguen muriendo y el miedo continúa gobernando. Ataco, preso de la maldición del oro, espera algo más que diagnósticos: espera decisión, presencia y autoridad.

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