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Tolima
28 de Feb, 2026

Ataco: las 230 hectáreas que muestran la devastación que amenaza a todo el sur del Tolima

El informe de Cortolima ofrece por primera vez una dimensión concreta del daño ambiental en Ataco. Pero también deja en evidencia que el sur del Tolima enfrenta uno de los conflictos ambientales más serios de los últimos años.Si algo muestran las 230 hectáreas perdidas es que la fiebre del oro ya no es un problema emergente: es una realidad consolidada cuyo costo ambiental apenas empieza a medirse. 

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Durante años la minería ilegal en Ataco fue descrita como un problema creciente pero difícil de dimensionar. Ahora, un estudio técnico de Cortolima pone cifras concretas a un fenómeno que venía expandiéndose en el sur del Tolima: más de 230 hectáreas de bosque han sido arrasadas por la extracción ilícita de oro en los ríos Saldaña y Atá y en la quebrada Pole.

La cifra equivale a cerca de 325 canchas de fútbol profesional y constituye, hasta ahora, la medición más precisa del impacto ambiental de la fiebre del oro en esta zona del departamento. El informe, elaborado con análisis multitemporal de imágenes satelitales, sobrevuelos y verificaciones en campo, concluyó que la minería aurífera ha provocado la remoción de 232 hectáreas de cobertura vegetal.

Se trata principalmente de bosques riparios, bosques secundarios y áreas forestales protectoras, ecosistemas fundamentales para la estabilidad de los cauces y la regulación hídrica. La afectación no es menor: estos bosques actúan como barreras naturales contra la erosión y las inundaciones y cumplen un papel clave en la conservación de la biodiversidad de la cuenca del Saldaña.

El estudio confirma lo que comunidades y autoridades locales venían denunciando desde hace meses: el ingreso de maquinaria pesada a los cauces ha modificado la dinámica natural de los ríos. La remoción del lecho, el aumento de la turbidez y la apertura de nuevos canales han alterado los sistemas acuáticos y aumentado el riesgo de desbordamientos.

Aunque las verificaciones recientes no evidenciaron presencia significativa de mercurio en el agua destinada al consumo humano -debido a que la explotación se realiza principalmente mediante métodos físicos de lavado- el impacto ambiental sigue siendo considerable. El uso de motobombas y maquinaria sumergible representa riesgos de contaminación por hidrocarburos, mientras la tala en zonas de protección aumenta la vulnerabilidad de las comunidades ribereñas.

Pero más allá de los datos técnicos, el informe tiene un valor adicional: permite dimensionar el avance territorial de la minería ilegal. No se trata de puntos aislados de explotación sino de un corredor minero que se consolidó progresivamente en la cuenca del río Saldaña.

Un fenómeno anunciado

Las cifras conocidas esta semana no son un hecho aislado sino la confirmación de un proceso que se venía documentando desde 2025. Investigaciones periodísticas y operativos de la Fuerza Pública habían advertido sobre el crecimiento acelerado de la minería ilegal en Ataco, impulsado por el aumento del precio internacional del oro y por la limitada presencia estatal en amplias zonas rurales.

En ese contexto, la actividad minera evolucionó rápidamente desde explotaciones artesanales dispersas hacia operaciones con maquinaria pesada capaces de remover grandes extensiones en poco tiempo.

Operativos militares y policiales han logrado destruir algunas unidades de explotación, pero los resultados han sido temporales. La minería reaparece en nuevas zonas o se reactiva después de cada intervención, evidenciando que el problema no se limita al control territorial sino a una economía ilegal que encontró en Ataco condiciones favorables para expandirse.

Fotos aéreas Cortolima / La Editorial.com.co

Biodiversidad bajo presión

Uno de los aspectos más delicados del informe es el impacto sobre la biodiversidad acuática. Según el Estudio de Evaluación Regional del Agua (ERA), en estos sistemas hídricos habitan cerca de 60 especies de peces, 112 especies de macroinvertebrados y 58 de perifiton.

Al menos 12 especies de peces son endémicas, lo que significa que solo existen en esta región. La alteración de los sustratos rocosos y arenosos -indispensables para la reproducción y alimentación de muchas especies- podría provocar pérdidas irreversibles.

Los cambios en los cauces también pueden crear barreras para especies migratorias y fragmentar hábitats, afectando procesos ecológicos esenciales para la estabilidad de la cuenca.

En términos ambientales, los daños generados por la minería aluvial suelen ser persistentes. Aun cuando la explotación cesa, la recuperación de los bosques ribereños y de los ecosistemas acuáticos puede tomar décadas.

Entre el ambiente y el orden público

El informe será remitido al Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales, instancia que articula acciones entre el Ministerio de Ambiente, la Fuerza Pública y las autoridades regionales.

La decisión confirma que el problema de Ataco dejó de ser un asunto exclusivamente ambiental para convertirse en un tema de seguridad y gobernabilidad.

El sur del Tolima ha sido históricamente una región de difícil acceso institucional, donde confluyen economías ilegales, pobreza rural y conflictos por el uso del suelo. En ese escenario, la minería aurífera se ha convertido en una actividad de alto atractivo económico y bajo riesgo judicial. El resultado es un fenómeno que avanza más rápido que la capacidad de respuesta del Estado.

El desafío que viene

Las 232 hectáreas arrasadas an Ataco son, en realidad, una fotografía parcial de un proceso en curso. El análisis satelital permite identificar lo que ya ocurrió, pero no necesariamente lo que está por suceder.

La experiencia reciente muestra que la minería ilegal en Ataco funciona como una frontera móvil: cuando una zona se agota o es intervenida, la actividad se desplaza hacia nuevos sectores de la cuenca. Por eso el principal desafío no será solo detener las retroexcavadoras sino evitar que regresen.

El informe de Cortolima ofrece por primera vez una dimensión concreta del daño ambiental en Ataco. Pero también deja en evidencia que el sur del Tolima enfrenta uno de los conflictos ambientales más serios de los últimos años. Si algo muestran las 230 hectáreas perdidas es que la fiebre del oro ya no es un problema emergente: es una realidad consolidada cuyo costo ambiental apenas empieza a medirse. 

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