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Tolima
15 de Apr, 2026

Cortolima advierte sobre “multicrimen” en el sur del Tolima y refuerza ofensiva contra la minería ilegal

La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, entregó un balance de las acciones contra la minería ilegal en municipios como Ataco y Planadas. Denunció la presencia de estructuras criminales organizadas y pidió una intervención integral del Estado para frenar el impacto ambiental y de seguridad en la región.

Tolima, La Editorial.com.co

La lucha contra la minería ilegal en el sur del Tolima dejó de ser un asunto exclusivamente ambiental para convertirse en un problema de seguridad nacional. Así lo advirtió la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, quien hizo un balance de las acciones adelantadas por la corporación y lanzó una alerta sobre la complejidad del fenómeno en municipios como Ataco y Planadas.

Según explicó la funcionaria, las actividades ilegales en esta zona del departamento están vinculadas a estructuras criminales organizadas, lo que configura un escenario de “multicrimen” que desborda la capacidad de respuesta de las autoridades locales y ambientales.

De acuerdo con información de la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional, en esta región tienen injerencia disidencias de las FARC, entre ellas estructuras asociadas a alias 'Iván Mordisco', así como otras organizaciones delincuenciales.

“Esto no es una actividad aislada ni de subsistencia. Estamos hablando de organizaciones criminales que están afectando gravemente los recursos naturales y generando impactos sociales y de seguridad muy fuertes”, enfatizó Alfonso.

En ese contexto, la directora destacó que desde octubre del año pasado Cortolima ha insistido en la necesidad de una acción integral del Estado, que articule capacidades de la Fuerza Pública, organismos de inteligencia, entidades ambientales y el Gobierno Nacional.

Esa articulación, aseguró, ya comienza a materializarse a través de espacios como el comité Conaldef y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) ambiental, con participación de altos mandos militares y una fiscalía especializada para el caso de Ataco.

Cortolima / La Editorial.com.co

Acciones

En materia operativa, Cortolima coordinó durante el último año al menos cinco intervenciones contra la minería ilegal. Sin embargo, la respuesta en terreno ha enfrentado obstáculos significativos. En varios casos, la presencia de comunidades numerosas -concentraciones que han superado las 500 personas- ha impedido a la Policía avanzar en la incautación o destrucción de maquinaria utilizada para la extracción ilícita.

“El control efectivo requiere que la actividad sea sorprendida en flagrancia y que exista la capacidad operativa para intervenir. Por eso insistimos en que esto debe ser un esfuerzo conjunto del Estado”, explicó.

Uno de los focos de mayor preocupación es el uso y transporte de maquinaria amarilla, clave para estas actividades ilegales. Aunque existen decretos expedidos por alcaldías y la Gobernación del Tolima que restringen su movilización, Alfonso señaló que es fundamental fortalecer los controles y la vigilancia sobre estos equipos.

La directora también hizo una distinción clara entre la minería legal y la ilegal. En el sur del Tolima existen proyectos con licencia ambiental otorgada por Cortolima, que cumplen con los requisitos técnicos y planes de manejo. No obstante, la problemática radica en operaciones clandestinas, muchas de ellas impulsadas por actores externos que han llegado desde otros departamentos.

De acuerdo con cifras mencionadas por autoridades departamentales, más de 4.000 personas habrían arribado a estas zonas, atraídas por economías ilegales, lo que agrava la presión sobre ecosistemas estratégicos, especialmente en cuencas como la del río Saldaña.

Frente a este panorama, Cortolima reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con minería ilegal. La corporación habilitó líneas directas de atención, garantizando confidencialidad, como parte de una estrategia para mejorar la capacidad de reacción de las autoridades.

“El daño ambiental es enorme, pero también lo son las consecuencias sociales y de seguridad. Este es un problema de todos y requiere una respuesta de país”, concluyó Alfonso.

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