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Tolima
23 de Feb, 2026

Golpe a la minería ilegal en Chaparral: destruyen unidad que producía oro por $590 millones al mes

El Ejército y la Policía desmantelaron una estructura de explotación ilícita que, según las autoridades, financiaba a las disidencias de las Farc en el sur del Tolima. La gobernadora Adriana Matiz advirtió en Caracol que organizaciones criminales están detrás del negocio y que el daño ambiental y social puede ser “incalculable”.

Tolima, La Editorial.com.co

Un nuevo operativo contra la minería ilegal en zona rural de Chaparral puso en evidencia la magnitud de las economías ilícitas que se mueven en el sur del Tolima. Tropas del Batallón de Infantería N.17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Sijín de la Policía, destruyeron una unidad de producción clandestina que, de acuerdo con información oficial, tenía capacidad para extraer cerca de 1.000 gramos de oro mensuales, avaluados en aproximadamente 593 millones de pesos en el mercado.

En el lugar fueron hallados un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM, elementos cuyo valor fue estimado en 27 millones de pesos. El procedimiento incluyó la destrucción controlada de la maquinaria para impedir la continuidad de la explotación ilícita.

Según el teniente coronel Hernán Darío Baquero, comandante del Batallón, la operación afecta directamente las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz, disidencia de las Farc que delinque en esta zona del departamento y que estaría bajo la órbita de alias ‘Iván Mordisco’. “Este resultado golpea de manera contundente las economías ilícitas que fortalecen a estas estructuras”, indicó el oficial.

El operativo se enmarca en una ofensiva más amplia que incluye el cierre de corredores logísticos, el control al ingreso de maquinaria pesada y la priorización de objetivos de alto valor como alias ‘Chapolo’, señalado como segundo cabecilla del Frente Ismael Ruiz y por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

Un fenómeno que desborda lo ambiental

La intervención en Chaparral no es un hecho aislado. El sur del Tolima -especialmente los municipios de Ataco, Planadas y Chaparral- atraviesa una escalada de explotación ilícita que ha transformado riberas de los ríos Saldaña, Atá y Amoyá en frentes mineros improvisados.

En entrevista con Noticias Caracol, la gobernadora Adriana Magali Matiz fue enfática en señalar que detrás del negocio hay organizaciones criminales que cobran entre 5 y 7 millones de pesos por el ingreso de cada retroexcavadora a la zona. “Lo que está sucediendo en Ataco, Planadas y Chaparral, a futuro, va a tener consecuencias incalculables”, advirtió.

Adriana Magali Matiz - Gobernadora del Tolima

La mandataria aseguró que, entre 2024 y lo corrido de 2026, cerca de 5.000 personas provenientes de departamentos como Antioquia, Chocó y Cauca habrían llegado al Tolima atraídas por la fiebre del oro. Según sus declaraciones, al menos 14 hectáreas de bosque sobre las riberas de los ríos ya han sido afectadas por el uso intensivo de maquinaria pesada.

Matiz también alertó sobre el impacto social del fenómeno: consumo de drogas, prostitución, presencia de menores y el fortalecimiento de economías ilegales que, a su juicio, están generando nuevas dinámicas de inseguridad rural. Aunque reconoció que tras los anuncios recientes del ministro de Defensa algunas retroexcavadoras han comenzado a salir de la región, sostuvo que la problemática persiste y requiere acción sostenida del Estado.

Minería ancestral vs. economías criminales

Uno de los puntos más sensibles del debate es la situación de los mineros artesanales y ancestrales del sur del Tolima, quienes históricamente han desarrollado actividades de barequeo y pequeña minería. La Gobernación ha señalado que, junto con el Ministerio de Ambiente y Cortolima, se buscan mecanismos para proteger a estas comunidades tradicionales, diferenciándolas de las estructuras ilegales que operan con maquinaria pesada y bajo control de grupos armados.

Para las autoridades militares, la destrucción de la unidad minera en Chaparral no solo representa un golpe financiero -casi 600 millones de pesos mensuales menos para las estructuras ilegales- sino también un mensaje de control territorial en una región históricamente afectada por la presencia de disidencias.

Sin embargo, el desafío va más allá de los operativos puntuales. La complejidad geográfica del sur del Tolima, sumada a la presión económica que genera el alto precio del oro, plantea un escenario donde la minería ilegal puede reconfigurarse rápidamente si no se mantiene la presencia articulada de Ejército, Policía, Fiscalía y autoridades ambientales.

El operativo en Chaparral, entonces, se inscribe en una disputa de fondo: la del Estado por recuperar el control ambiental, social y de seguridad en una zona estratégica del departamento. La pregunta que queda abierta es si la ofensiva logrará consolidarse en el tiempo o si, como ha ocurrido en otras regiones del país, la minería ilegal volverá a mutar y desplazarse hacia nuevos puntos del sur tolimense.

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