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Tolima
21 de Feb, 2026

Mineducación abre indagaciones al Conservatorio del Tolima y al ITFIP por presunta participación en política

El Ministerio de Educación ordenó visitas técnicas los días 24 y 25 de febrero a ambas instituciones tras denuncias sobre posible uso electoral de recursos públicos. En el Conservatorio, el rector James Enrique Fernández enfrenta cuestionamientos por un evento con el candidato Abelardo de la Espriella. En el ITFIP, trabajadores denuncian ambiente de presión y presuntas irregularidades administrativas.

Tolima, La Editorial.com.co

El Ministerio de Educación Nacional, bajo la dirección de Daniel Rojas Medellín, anunció la apertura de procesos de inspección y vigilancia contra las directivas del ITFIP, en El Espinal, y el Conservatorio del Tolima, en Ibagué, por presuntas irregularidades relacionadas con participación en política y posible uso indebido de recursos institucionales.

La decisión se produjo tras un recorrido del ministro por el departamento del Tolima, donde -según expresó públicamente en su cuenta de X- recibió denuncias sobre universidades que estarían utilizando instalaciones y recursos con fines electorales.

En cumplimiento de la Ley 1740 de 2014 y conforme a las funciones asignadas en el Decreto 2269 de 2023, se programaron visitas al ITFIP los días 24 y 25 de febrero de 2026; a la Universidad de Ibagué los días 26 y 27 de febrero; al Conservatorio del Tolima los días 3 y 4 de marzo; y a la Universidad del Tolima los días 5 y 6 de marzo.

El episodio en el Conservatorio

Uno de los hechos que más controversia ha generado involucra al rector del Conservatorio, James Enrique Fernández. Según versiones conocidas en medios y redes sociales, el directivo habría invitado al candidato presidencial Abelardo de la Espriella a un evento realizado en el Salón de Música Alberto Castilla. Durante la actividad, Fernández habría interpretado el piano mientras el aspirante entonaba un bolero.

El episodio desató inconformidad entre estudiantes, quienes realizaron plantones para rechazar lo que consideran un uso político de un recinto académico. La protesta puso en el centro del debate la autonomía universitaria y los límites frente a la participación política dentro de instituciones públicas de educación superior.

Aunque no existe aún una conclusión oficial, fuentes cercanas al proceso advierten que, de comprobarse responsabilidad administrativa o disciplinaria, las consecuencias podrían ser severas para la rectoría.

Imagen de Presidencia: Daniel Rojas, ministro de Educación.

Video tomado de Noti V en el que una funcionaria del Itfip es abucheada tras denunciar actos de politiquería dentro de la institución.

Denuncias en el ITFIP

En el caso del ITFIP, la lupa está puesta sobre el rector Mario Fernando Díaz, frente a quien se presentó una denuncia por presunta participación en actividades políticas y posibles irregularidades en procesos de contratación.

Funcionarios y empleados han manifestado, incluso públicamente, que la institución se habría convertido en un escenario de actividad política abierta. La representante de los trabajadores, Diana Paola Calderón, expresó su inconformidad por situaciones que calificó como presunto acoso laboral y presiones internas, especialmente contra quienes no comparten directrices administrativas.

El ambiente de tensión coincide con el reciente cambio de carácter institucional del ITFIP a Institución Universitaria, un proceso que ha generado expectativas, pero también cuestionamientos sobre el manejo administrativo.

Lo que viene

El Ministerio dejó claro que las visitas técnicas no constituyen una sanción anticipada, sino el inicio de un proceso de verificación. Durante las diligencias se escuchará a estudiantes, docentes y personal administrativo. Con base en los testimonios y hallazgos, se determinará si existen méritos para abrir procesos formales, imponer medidas preventivas o incluso evaluar la suspensión de directivos.

La cartera educativa exhortó a la comunidad a denunciar cualquier presión o irregularidad y garantizó confidencialidad en la recepción de quejas.

El caso reabre la discusión sobre el papel de las instituciones públicas de educación superior en escenarios políticos, especialmente en época preelectoral, y sobre la responsabilidad de sus directivos frente al uso de espacios financiados con recursos del erario. Mientras avanzan las indagaciones, el foco estará puesto en si se trató de hechos aislados o de prácticas sistemáticas que comprometan la neutralidad institucional.

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