Tribunal ordena a EPS pagar deudas millonarias y abre un nuevo capítulo en la defensa de la salud del Tolima
El fallo del Tribunal Administrativo del Tolima busca garantizar la atención hospitalaria y frenar el colapso financiero del sistema de salud regional. En los próximos meses, las EPS deberán saldar parte de una deuda que supera el billón de pesos. Es el segundo Tribunal en Colombia que busca garantizar la atención en salud de los hospitales.
El reciente fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, que impone medidas cautelares a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que paguen sus deudas con hospitales públicos y privados, se ha convertido en uno de los hechos judiciales más relevantes del año en materia sanitaria. La decisión, con ponencia del magistrado José Andrés Rojas, no solo busca corregir un rezago financiero histórico, sino también garantizar la continuidad de la atención hospitalaria en un sistema que amenaza con colapsar por falta de liquidez.
De acuerdo con la providencia, las EPS deberán cumplir en un plazo máximo de dos meses los compromisos adquiridos en las mesas técnicas de la Circular 30, que incluyen el saneamiento de carteras y el pago de obligaciones no glosadas correspondientes a los años 2020 a 2024. En total, las deudas con la red hospitalaria del Tolima superan los $600 mil millones en el sector público y $400 mil millones en el privado, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.
El Tribunal reconoció que la falta de pago pone en riesgo derechos colectivos esenciales, entre ellos la prestación eficiente y oportuna del servicio de salud, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. Por ello, ordenó también al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud, a la Adres y a la Superintendencia Nacional de Salud convocar una mesa técnica nacional para definir los créditos pendientes, establecer un cuadro definitivo de obligaciones y garantizar el pago de al menos un 20 % de las deudas con corte al 30 de junio de 2025.
Para la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, el fallo es un respaldo a la acción popular interpuesta por la administración departamental: “Esta decisión demuestra que no estábamos exagerando cuando advertimos que sin recursos no podemos garantizar la atención en los hospitales del Tolima. Hoy la justicia nos da la razón”.
La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, destacó la trascendencia de la medida judicial: “El Tribunal ha reconocido que la insuficiencia de flujo de recursos afecta de manera directa el derecho a la salud. Es el momento de normalizar los pagos y evitar el colapso de nuestra red hospitalaria”.
El fallo no solo impone obligaciones inmediatas, sino que abre una etapa crítica para el futuro del sistema de salud regional. Los próximos meses serán decisivos para comprobar si las EPS tienen la capacidad real de cumplir los pagos ordenados y si las entidades nacionales actúan con la rapidez que exige la situación.
Si el proceso avanza como lo estipula la medida, hospitales como el Federico Lleras Acosta, en Ibagué, podrían estabilizar su operación, ponerse al día con nómina y proveedores, y retomar inversiones que hoy están suspendidas. Sin embargo, si los plazos se incumplen, el caso podría escalar hasta el Consejo de Estado o derivar en sanciones adicionales por desacato judicial.
Además, la decisión del Tribunal tolimense podría convertirse en referente para otros departamentos, donde las deudas entre EPS e IPS también superan cifras astronómicas. Expertos del sector salud han señalado que el fallo abre la puerta a una nueva etapa de control judicial frente a la ineficiencia del sistema de aseguramiento, que durante años ha afectado la sostenibilidad de hospitales públicos en todo el país.
La crisis que vive el Tolima refleja un problema estructural del sistema de salud colombiano. Solo en el primer semestre de 2025, según la Superintendencia de Salud, las EPS del país acumulaban pasivos por más de $15 billones con clínicas y hospitales. El fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, por tanto, se interpreta como un llamado urgente al Gobierno nacional para acelerar los mecanismos de saneamiento financiero y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes prestan el servicio.
Analistas consultados por medios especializados han coincidido en que esta decisión podría presionar una reforma administrativa del modelo de flujo de recursos, especialmente si el cumplimiento en el Tolima se convierte en ejemplo. De lograrse los pagos, el fallo demostraría que la vía judicial puede ser una herramienta eficaz para proteger derechos colectivos y ordenar al sistema desde las regiones.
El cumplimiento del fallo empieza a ser el nuevo termómetro de la capacidad institucional del país para garantizar la salud como derecho fundamental. Si las EPS acatan las órdenes y el Gobierno central actúa con coordinación, el Tolima podría convertirse en un caso emblemático de recuperación hospitalaria.
De lo contrario, el riesgo es evidente: que la justicia haya dado un paso histórico, pero que la inercia del sistema termine por diluirlo.
Por ahora, el Tribunal ha encendido la alerta y los ojos del país están puestos sobre el Tolima -una región que, por decisión judicial, se ha convertido en laboratorio de justicia sanitaria y en símbolo de resistencia frente a la crisis del sistema de salud colombiano.