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Economía
29 de Dec, 2025

El salario mínimo como bandera política: alivio para el bolsillo, presión para la economía y mensaje electoral

El presidente Gustavo Petro oficializó el incremento del salario mínimo para 2026 tras el fracaso de la mesa de concertación.

El alza, de 23,78%, eleva el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente a $1.762.008 y, con el auxilio de transporte -que sube 24,5% hasta $249.000-, fija un ingreso mensual total cercano a los $2.000.000. Se trata del mayor salto nominal en años recientes y de una decisión que desborda el terreno económico para instalarse de lleno en el campo político.

Desde el Gobierno, la narrativa es clara: el aumento responde a la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas, bajo el concepto de “salario mínimo vital”, amparado por la Constitución y respaldado por estudios de la OIT sobre la canasta básica familiar.

En su alocución, Petro insistió en que el ajuste no es un simple cálculo inflacionario, sino una corrección estructural de ingresos rezagados.

Sin embargo, la decisión llega en un contexto preelectoral y es leída por analistas y sectores empresariales como una apuesta política que busca consolidar el respaldo de los movimientos de izquierda y sus principales voceros en el Congreso, entre ellos Iván Cepeda, al tiempo que refuerza el relato social del Gobierno frente a una opinión pública polarizada.

El salario mínimo se convierte así en una bandera de campaña: un símbolo de justicia social que interpela directamente a la base electoral del petrismo.

Para los trabajadores que devengan el mínimo, el impacto inmediato es positivo: $338.508 adicionales al mes representan un alivio tangible frente al costo de vida.

Pero el efecto agregado sobre la economía despierta alertas. Los cálculos técnicos tradicionales —inflación más productividad— sugerían un aumento cercano al 6,21%, muy por debajo del decretado. La brecha entre lo técnico y lo político reabre viejas preocupaciones: mayores costos laborales para las empresas, presión sobre las finanzas públicas y riesgos para la generación de empleo formal.

 

Gustavo Petro - Presidente de la República

Las cifras del Dane refuerzan el dilema. Entre enero y octubre de 2025, el empleo asalariado con ingresos iguales o superiores al mínimo cayó en 427.000 personas, mientras crecieron la informalidad y el trabajo independiente.

Con una informalidad que supera el 55%, un aumento pronunciado del salario mínimo podría incentivar despidos, frenar nuevas contrataciones o empujar a más trabajadores hacia esquemas informales, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

A esto se suma el frente fiscal. Un salario mínimo más alto impacta el gasto público indexado -contratos, transferencias y nóminas- en un momento de estrechez presupuestal y déficit en discusión. El riesgo, advierten críticos, es que el alivio salarial se diluya en mayores presiones fiscales o en un mercado laboral más estrecho.

Así, el decreto del salario mínimo para 2026 sintetiza la tensión central del momento político colombiano: dignidad laboral versus sostenibilidad económica.

Para el Gobierno y la izquierda, es una victoria simbólica y un mensaje electoral potente. Para sus detractores, una decisión que, aunque popular, podría tener costos ocultos en empleo, informalidad y finanzas públicas. El verdadero balance se medirá en los próximos meses, cuando el impacto económico confronte el rédito político.

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