Emergencia económica: el atajo fiscal de un Gobierno cercado por su propio desorden
En medio del hundimiento de la reforma tributaria, el desbalance del Presupuesto de 2026 y una creciente polarización política con elecciones en el horizonte, el Gobierno Petro anuncia una nueva emergencia económica. La decisión reabre el debate sobre la responsabilidad fiscal, el respeto a la institucionalidad y los límites del uso de poderes excepcionales en un país fatigado por la crisis, la burocracia y los escándalos de corrupción.
Economía, La Editorial.com.co
La palabra emergencia se ha vuelto recurrente en el vocabulario del gobierno de Gustavo Petro. Tanto, que empieza a perder su carácter excepcional. El anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de declarar el estado de emergencia económica para afrontar el faltante fiscal de 2026 no solo prende las alarmas en los mercados y en los gremios, sino que expone una tensión de fondo: ¿está el Ejecutivo gobernando una crisis sobreviniente o intentando corregir, por decreto, un problema estructural de manejo fiscal y político?
El detonante formal es claro. El hundimiento de la reforma tributaria dejó un hueco de $16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación. La respuesta del Gobierno es acudir a poderes excepcionales para recaudar cerca de $16 billones adicionales mediante nuevos impuestos al patrimonio de personas jurídicas, gravámenes indirectos -como el IVA a los juegos de azar en línea-, el aumento del 5x1.000, mayores cargas a cigarrillos y tabaco, y un impuesto especial del 1% a la extracción de hidrocarburos y carbón. Todo, bajo el argumento de evitar un recorte presupuestal que podría ascender a $26,3 billones.
Sin embargo, el debate no es solo técnico, sino profundamente político e institucional. Voces como la del exdirector de la Dian, Lisandro Junco, advierten que insistir en un impuesto al patrimonio empresarial golpea el flujo de caja, frena la inversión y afecta especialmente a las pymes.
Desde Fedesarrollo, su director Luis Fernando Mejía va más allá y pone en duda la constitucionalidad de la medida: el monto a recaudar representa menos del 3% del Presupuesto de 2026, una cifra difícil de encajar en el estándar de “grave e inminente perturbación” que exige el artículo 215 de la Constitución.
Presidente Gustavo Petro en Consejo de Ministros en la Casa de Nariño.
Imagen: Presidencia,gov.co