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Economía
20 de Dec, 2025

Emergencia económica: el atajo fiscal de un Gobierno cercado por su propio desorden

En medio del hundimiento de la reforma tributaria, el desbalance del Presupuesto de 2026 y una creciente polarización política con elecciones en el horizonte, el Gobierno Petro anuncia una nueva emergencia económica. La decisión reabre el debate sobre la responsabilidad fiscal, el respeto a la institucionalidad y los límites del uso de poderes excepcionales en un país fatigado por la crisis, la burocracia y los escándalos de corrupción.


Economía, La Editorial.com.co

La palabra emergencia se ha vuelto recurrente en el vocabulario del gobierno de Gustavo Petro. Tanto, que empieza a perder su carácter excepcional. El anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de declarar el estado de emergencia económica para afrontar el faltante fiscal de 2026 no solo prende las alarmas en los mercados y en los gremios, sino que expone una tensión de fondo: ¿está el Ejecutivo gobernando una crisis sobreviniente o intentando corregir, por decreto, un problema estructural de manejo fiscal y político?

El detonante formal es claro. El hundimiento de la reforma tributaria dejó un hueco de $16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación. La respuesta del Gobierno es acudir a poderes excepcionales para recaudar cerca de $16 billones adicionales mediante nuevos impuestos al patrimonio de personas jurídicas, gravámenes indirectos -como el IVA a los juegos de azar en línea-, el aumento del 5x1.000, mayores cargas a cigarrillos y tabaco, y un impuesto especial del 1% a la extracción de hidrocarburos y carbón. Todo, bajo el argumento de evitar un recorte presupuestal que podría ascender a $26,3 billones.

Sin embargo, el debate no es solo técnico, sino profundamente político e institucional. Voces como la del exdirector de la Dian, Lisandro Junco, advierten que insistir en un impuesto al patrimonio empresarial golpea el flujo de caja, frena la inversión y afecta especialmente a las pymes. 

Desde Fedesarrollo, su director Luis Fernando Mejía va más allá y pone en duda la constitucionalidad de la medida: el monto a recaudar representa menos del 3% del Presupuesto de 2026, una cifra difícil de encajar en el estándar de “grave e inminente perturbación” que exige el artículo 215 de la Constitución.


 

Presidente Gustavo Petro en Consejo de Ministros en la Casa de Nariño.

Imagen: Presidencia,gov.co

Agradecimiento especial al perfil oficial de Bruce Mac Master en Instagram por uso del video

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó la decisión como “profundamente inconstitucional” y advirtió que el Ejecutivo estaría desconociendo una decisión soberana del Congreso. 

En la misma línea, Juan Camilo Nariño, de la ACM, y Frank Pearl, de la ACP, señalan que no existe un hecho sobreviniente real y que gobernar a punta de estados de excepción debilita el Estado de derecho y envía una pésima señal a la inversión.

Desde la Casa de Nariño, la respuesta ha sido política. El presidente Petro acusa a sus críticos de movilizarse con rapidez para defender a los “megarricos”, pero no para impulsar reformas sociales. El discurso conecta con su base electoral, pero profundiza la polarización en un momento delicado: con elecciones a la vista, una economía frágil y una percepción creciente de desorden fiscal, burocracia excesiva y falta de confianza en el gabinete económico.

La excepcionalidad se ha vuelto costumbre

Cuando lo excepcional se normaliza, la institucionalidad se resiente. Más aún cuando el país atraviesa escándalos de corrupción, problemas de seguridad y una sensación de improvisación que mina la credibilidad del Ejecutivo.

La emergencia económica, lejos de ser solo una herramienta fiscal, se convierte así en un símbolo del momento político: un Gobierno acorralado entre sus promesas sociales, la realidad de las finanzas públicas y un Congreso que ya no le concede cheques en blanco.

El riesgo es alto: insistir en atajos puede resolver coyunturas inmediatas, pero al costo de profundizar la desconfianza, enrarecer aún más el clima electoral y dejar la sensación de que, más que una crisis inevitable, el país enfrenta las consecuencias de una gestión fiscal sin consensos y sin brújula clara.

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