Ataco: el Estado sitiado por la minería criminal
La asonada contra el Ejército y la Policía en Ataco, sur del Tolima, no fue una protesta espontánea sino una demostración de poder territorial de las disidencias de las Farc alrededor de la minería ilegal. El uso de civiles, campesinos y niños como escudos humanos evidencia el deterioro de la autoridad estatal en regiones donde la criminalidad organizada encontró en la “Paz Total” un escenario de expansión, presión social y control armado.
El País, Tolima, La Editorial.com.co
Lo ocurrido en Ataco no puede interpretarse como un simple disturbio comunitario alrededor de un operativo militar. Lo sucedido en Santiago Pérez constituye una grave señal de degradación del orden público y una evidencia contundente del fortalecimiento de las economías criminales en el sur del Tolima.
La utilización de civiles, campesinos y, según denunció la gobernadora Adriana Magali Matiz, incluso niños como escudos humanos para impedir operaciones contra la minería ilegal marca una peligrosa evolución de las estrategias de las disidencias de las Farc.
Ya no se trata únicamente de intimidar mediante fusiles o amenazas; ahora buscan blindarse detrás de la población civil para neutralizar la acción legítima de la Fuerza Pública y generar costos políticos al Estado.
El saldo de 13 militares heridos, la incineración de un vehículo institucional y las agresiones contra uniformados dejan claro que en Ataco existe una estructura criminal con capacidad de movilización, control social y presión territorial.
La minería ilegal dejó de ser una actividad clandestina marginal para convertirse en una poderosa economía criminal que financia organizaciones armadas, corrompe comunidades vulnerables y desafía abiertamente la autoridad estatal.
Lo más preocupante es que esta estrategia revive métodos que Colombia ya había visto en los años más intensos del conflicto armado: instrumentalizar a la población para bloquear operaciones militares y judiciales.
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