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El País
07 de May, 2026

Ataco: el Estado sitiado por la minería criminal

La asonada contra el Ejército y la Policía en Ataco, sur del Tolima, no fue una protesta espontánea sino una demostración de poder territorial de las disidencias de las Farc alrededor de la minería ilegal. El uso de civiles, campesinos y niños como escudos humanos evidencia el deterioro de la autoridad estatal en regiones donde la criminalidad organizada encontró en la “Paz Total” un escenario de expansión, presión social y control armado. 

El País, Tolima, La Editorial.com.co

Lo ocurrido en Ataco no puede interpretarse como un simple disturbio comunitario alrededor de un operativo militar. Lo sucedido en Santiago Pérez constituye una grave señal de degradación del orden público y una evidencia contundente del fortalecimiento de las economías criminales en el sur del Tolima.

La utilización de civiles, campesinos y, según denunció la gobernadora Adriana Magali Matiz, incluso niños como escudos humanos para impedir operaciones contra la minería ilegal marca una peligrosa evolución de las estrategias de las disidencias de las Farc.

Ya no se trata únicamente de intimidar mediante fusiles o amenazas; ahora buscan blindarse detrás de la población civil para neutralizar la acción legítima de la Fuerza Pública y generar costos políticos al Estado.

El saldo de 13 militares heridos, la incineración de un vehículo institucional y las agresiones contra uniformados dejan claro que en Ataco existe una estructura criminal con capacidad de movilización, control social y presión territorial.

La minería ilegal dejó de ser una actividad clandestina marginal para convertirse en una poderosa economía criminal que financia organizaciones armadas, corrompe comunidades vulnerables y desafía abiertamente la autoridad estatal.

Lo más preocupante es que esta estrategia revive métodos que Colombia ya había visto en los años más intensos del conflicto armado: instrumentalizar a la población para bloquear operaciones militares y judiciales.

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Durante años, esta práctica perdió fuerza gracias a la ofensiva del Estado contra las guerrillas y grupos ilegales. Sin embargo, hoy reaparece con contundencia en distintas regiones del país bajo un escenario político marcado por la llamada “Paz Total”.

La realidad demuestra que mientras el Gobierno Nacional insiste en diálogos y negociaciones con estructuras armadas ilegales, muchas de estas organizaciones han aprovechado el contexto para expandir sus actividades ilícitas, fortalecer sus finanzas y consolidar control territorial. En zonas apartadas, el mensaje percibido por los grupos criminales parece ser que la capacidad coercitiva del Estado disminuyó mientras aumentó el margen de maniobra para las economías ilegales.

Ataco refleja precisamente ese fenómeno: un territorio donde la minería ilegal ya no opera escondida, sino que actúa con suficiente poder para desafiar operaciones militares, instrumentalizar comunidades y poner en jaque a las instituciones.

El hecho de que la Fuerza Pública tenga que actuar en medio de población utilizada como barrera humana demuestra hasta qué punto las organizaciones criminales entendieron que la presión social puede convertirse en un arma más efectiva que los fusiles.

El drama también deja una pregunta incómoda para el Estado colombiano: ¿quién ejerce realmente el control territorial en algunas regiones del país? Porque cuando grupos ilegales logran impedir procedimientos judiciales y militares mediante intimidación colectiva, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: la criminalidad manda y las instituciones retroceden.

La situación de Ataco no solo compromete la seguridad del Tolima. También anticipa un modelo de criminalidad que podría repetirse en otras regiones donde convergen minería ilegal, narcotráfico y presencia de grupos armados. Allí, la combinación entre economías ilícitas y manipulación social crea territorios cada vez más difíciles de recuperar institucionalmente.

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