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El País
25 de Apr, 2026

Colombia bajo presión: ola de atentados en vísperas electorales

Una ola de atentados en el suroccidente del país revive los peores temores de inestabilidad en plena carrera presidencial. Mientras las disidencias intensifican su ofensiva, crecen los cuestionamientos a la estrategia de seguridad del gobierno y a la viabilidad de la “paz total”.

El País, La Editorial.com.co

Colombia atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. A medida que se acerca la elección presidencial, una cadena de atentados terroristas ha vuelto a instalar el miedo en amplias regiones del país, especialmente en el suroccidente, donde confluyen intereses estratégicos del narcotráfico, debilidad institucional y presencia histórica de grupos armados ilegales.

El hecho más reciente y grave ocurrió en el departamento del Cauca, en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío. Allí, la activación de un artefacto explosivo -presuntamente un cilindro bomba- contra un vehículo de transporte público dejó al menos 13 personas muertas y más de una veintena de heridos.

La magnitud del ataque, el impacto sobre civiles y la afectación de un corredor vial clave para el país encendieron las alarmas en todos los niveles del Estado.

Pero este atentado no es un hecho aislado. En los días previos, municipios del Valle del Cauca como Cali, Jamundí y Palmira fueron escenario de acciones violentas que incluyeron hostigamientos, intentos de atentado contra instalaciones militares y la utilización de vehículos acondicionados con explosivos.

En uno de los casos más preocupantes, un bus fue empleado como plataforma para lanzar cargas explosivas contra una unidad del Ejército, en una muestra de capacidad operativa que recuerda episodios de décadas pasadas.

El Cauca, entretanto, se consolida como epicentro de esta ofensiva. Allí no solo se registran ataques directos, sino también sabotajes a la infraestructura, intentos de uso de drones con explosivos y hostigamientos constantes contra la Fuerza Pública. A esto se suma una creciente presión sobre la población civil, que queda atrapada entre los actores armados y la limitada capacidad estatal para garantizar seguridad.

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En departamentos vecinos como Huila, la violencia adopta otras formas, pero no por ello menos preocupantes. Las amenazas de grupos armados han obligado a suspender clases en zonas rurales, mientras que las restricciones a la movilidad evidencian un control territorial que desborda la presencia institucional. Se trata de una violencia silenciosa que erosiona el tejido social y condiciona la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

Las autoridades atribuyen la mayoría de estos hechos al denominado Estado Mayor Central, principal disidencia de las antiguas FARC, así como a estructuras como la columna Jaime Martínez.

Estos grupos buscan consolidar su dominio sobre corredores estratégicos para el narcotráfico, particularmente aquellos que conectan el interior del país con el puerto de Buenaventura, pieza clave en la salida de cocaína hacia mercados internacionales.

Sin embargo, el trasfondo de esta escalada va más allá de la disputa territorial. La coyuntura política resulta determinante. En un país que se prepara para elegir presidente, la intensificación de la violencia plantea interrogantes profundos sobre la capacidad del Estado para garantizar unas elecciones libres, seguras y transparentes.

La historia reciente de Colombia demuestra que los ciclos de violencia suelen coincidir con momentos de definición política, en los que los actores armados buscan incidir en el rumbo institucional.

En este contexto, el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta uno de sus mayores desafíos. Su apuesta por la llamada “Paz total”, que plantea negociaciones simultáneas con diversos grupos armados, es hoy objeto de fuertes cuestionamientos.

Críticos señalan que los procesos de diálogo han sido aprovechados por las organizaciones ilegales para fortalecerse militarmente, expandir su control territorial y aumentar sus economías ilícitas.

El Ejecutivo, por su parte, insiste en que la salida negociada sigue siendo el camino más viable para desactivar décadas de conflicto. No obstante, la realidad en terreno parece desmentir, al menos parcialmente, los avances esperados.

La persistencia de ataques como los registrados en Cauca y Valle del Cauca pone en entredicho la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora.

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