El naufragio de la reforma pensional: la Corte le da a Petro su golpe más certero
El hundimiento de la reforma pensional no solo desbarata una de las banderas sociales del presidente Gustavo Petro: representa el revés institucional más fuerte a su proyecto político, deja al Gobierno sin oxígeno en la recta final y expone el costo de un poder que confundió prisa con trámite y discurso con gobernabilidad.
El proyecto pensional del Gobierno de Gustavo Petro está a punto de naufragar, y no por falta de apoyo popular, sino por los vicios con que se aprobó. En una ponencia de 83 páginas, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, propone declarar inconstitucional la ley por completo. El argumento es demoledor: el Congreso no corrigió los errores de trámite señalados en la primera revisión del alto tribunal. Dicho en términos llanos, el Gobierno quiso enmendar lo que la Corte había devuelto, pero lo hizo a la carrera y sin cumplir los procedimientos mínimos.
Lo que está en juego no es un tecnicismo: es el corazón de una de las promesas sociales más ambiciosas del petrismo, presentada como el nuevo pacto solidario para garantizar una vejez digna. Si la Corte acoge la ponencia, el Gobierno perderá más que una ley: perderá narrativa, autoridad y credibilidad.
A diez meses de terminar su mandato, Petro enfrenta el que puede ser su golpe político más fuerte. No hay manera de disimularlo: el hundimiento de la reforma pensional sería la prueba de que su proyecto transformador fracasó en su propia cancha, la del cambio social.
La Corte ya le había dado una oportunidad en junio de 2025, al devolver el texto al Congreso para subsanar los vicios. Pero el Ejecutivo -en su afán de mostrar resultados- convocó sesiones extraordinarias de la Cámara apenas cinco horas después de expedir el decreto, ignorando la exigencia legal de tres días para notificar a los congresistas. Además, las decisiones se tomaron sin el quórum necesario. La ley nació mal y se corrigió peor.
Más allá del debate jurídico, el asunto es político. La Corte no solo está recordando los límites del poder, sino poniendo en evidencia una debilidad estructural del Gobierno: la falta de manejo político del Congreso, la improvisación técnica y el desprecio por los procedimientos cuando el reloj electoral aprieta.
El hundimiento de la reforma tiene un costo social evidente. Se esfuman las esperanzas de cerca de tres millones de adultos mayores que esperaban un ingreso básico bajo el esquema solidario. Se aplaza la creación del pilar semicontributivo, que buscaba incluir a trabajadores informales, y se frena la posibilidad de equilibrar la relación entre Colpensiones y los fondos privados.
Pero también se evita, dicen los críticos, un riesgo fiscal enorme. La reforma proyectaba una carga que, según cálculos del propio Ministerio de Hacienda, podía alcanzar el 3% del PIB anual a mediano plazo, sin fuentes claras de financiación. En otras palabras: la promesa social más costosa del Gobierno se sostenía sobre una chequera vacía.
Petro había apostado todo su capital político en esta reforma. Su narrativa de justicia social y redistribución dependía en gran parte de que el Estado retomara el control de las pensiones. La caída del proyecto, por tanto, es más que un revés técnico: es una fractura en el relato de transformación que vendía el petrismo.
La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de “golpe de Estado judicial”, mientras el de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la ponencia de “atentado contra la dignidad del pueblo trabajador”. Es el libreto conocido: cuando las instituciones no fallan a favor del Gobierno, se las acusa de estar al servicio de las élites o del “establecimiento”.
Sin embargo, lo que está ocurriendo no es una conspiración, sino un recordatorio de que el cambio no se impone a empujones ni se decreta por Twitter. La Constitución es un marco, no un obstáculo. Y la Corte Constitucional, guste o no, es el árbitro final de ese marco.
El hundimiento de la reforma pensional sería, sin duda, el golpe más certero que la Corte Constitucional le asesta al presidente Petro en lo que va de su gobierno. Pero también una advertencia para la izquierda en el poder: gobernar no es solo tener razón moral, sino cumplir las formas institucionales.
Este episodio marcará la recta final del mandato. Si la Corte tumba la ley, el petrismo entrará al último tramo del gobierno sin resultados legislativos contundentes y con una oposición fortalecida. Si la salva, lo hará con un Congreso desgastado y una opinión pública dividida.
De cualquier forma, el daño político ya está hecho: el “gobierno del cambio” se enfrenta a su propio espejo, uno que refleja más improvisación que reforma, más confrontación que gestión.
Y en política, como en la vida, no hay nada más costoso que perder la credibilidad justo antes de pedir una segunda oportunidad.
Fotos: Presidencia de la República - Colpensiones