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El País
17 de Jan, 2026

Emergencia económica y/o política: Gustavo Petro vs. Gobernadores de Colombia

El decreto de emergencia económica del Gobierno Petro abrió una enorme grieta institucional con las regiones. El alza del IVA a licores y tabaco, que busca tapar el hueco fiscal de la Nación, detonó una rebelión de gobernadores que denuncian un golpe a la autonomía territorial, mayores incentivos al contrabando y un riesgo directo para la financiación de la salud y la educación, en plena antesala electoral.

Agencias, El País, La Editorial.com.co


El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro no solo destapó la fragilidad fiscal de la Nación, sino que desató el mayor pulso político entre el Ejecutivo y las regiones desde la Constitución de 1991.

Lo que el Ministerio de Hacienda presenta como una medida urgente para garantizar recursos del Presupuesto General de la Nación, los gobernadores lo interpretan como una apropiación indebida de rentas departamentales en un año electoral marcado por el estancamiento económico y el aumento del gasto público.

En el centro del huracán político está el Decreto 1474 de 2025, que elevó del 5% al 19% el IVA a licores, vinos, aperitivos, tabaco y productos similares, exceptuando la cerveza. Según el Gobierno, la medida permitiría recaudar cerca de $2,5 billones, recursos clave para atender compromisos del sistema de salud y obligaciones de deuda. Sin embargo, para las regiones, el impacto es exactamente el contrario: menos recaudo, más contrabando y un debilitamiento de sus finanzas.

Fractura institucional y política

La reacción no se hizo esperar. Veinte de los 32 gobernadores del país anunciaron este sábado que acudirán a la excepción de inconstitucionalidad, una figura jurídica que les permitiría abstenerse de aplicar el decreto mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo. La decisión, sin precedentes recientes, marca un quiebre político entre el centro y las regiones.

La Federación Nacional de Departamentos advirtió que el impuesto al consumo es una renta cedida a los departamentos, y que, en promedio, representa el 43% de sus ingresos tributarios, destinados principalmente a salud, educación y deporte. Tocar ese rubro es comprometer la sostenibilidad básica de los territorios.

Los reparos no son solo jurídicos, sino económicos. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue contundente al señalar que “la economía básica indica que cuando el impuesto es muy alto se genera más contrabando, y cuando hay más contrabando hay menos recaudo”. 

En la misma línea, el exdirector de la Dian Lisandro Junco alertó que el decreto cambia la destinación de recursos que históricamente han pertenecido a los departamentos, trasladándolos a la Nación bajo el paraguas de la emergencia.


El contrabando de cigarrillos en 2024 alcanzó el 36%, el nivel más alto desde 2011, con una pérdida estimada de $1,03 billones. La experiencia muestra que estos productos tienen demanda inelástica: el consumidor no deja de comprar, sino que migra al mercado ilegal. Así, el aumento del impuesto podría terminar erosionando tanto el recaudo nacional como el regional.

 


 

El presidente Petro tiene que enfrentar una inusual crisis en la que los gobernadores del país, en su mayoría, se oponen al decreto de emergencia económica.


Imagen: Presidencia.gov.co 
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Frente regional contra la ineficiencia fiscal del gobierno

La rebelión de los gobernadores tomó forma durante una cumbre en Bogotá que terminó convertida en un frente común contra la Casa de Nariño. Mandatarios de Antioquia, Valle, Tolima, Meta y Nariño lideran una estrategia de tres vías: una “tutelatón” masiva, la no aplicabilidad del decreto en sus territorios y una ofensiva política ante la Corte Constitucional para exponer el impacto fiscal y social de la medida.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que la urgencia fiscal del Gobierno no puede convertirse en un cheque en blanco para vulnerar la autonomía territorial. Desde el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro insistió en que el decreto desconoce las realidades regionales y profundiza la centralización fiscal. Incluso aliados del Gobierno, como el gobernador de Nariño,

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, respaldó el uso de la excepción de inconstitucionalidad como un mecanismo legítimo para proteger la estabilidad fiscal y social de los departamentos, especialmente en territorios donde los ingresos propios ya son limitados.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido de confrontación. 

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó la postura de los gobernadores como un “exabrupto jurídico” y advirtió acciones legales contra quienes desacaten el decreto. A su turno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, elevó el tono al señalar que los mandatarios podrían incurrir en prevaricato y los retó a asumir con recursos propios el dinero que, según el Ejecutivo, dejaría de recaudar la Nación.

El choque deja al país en un limbo jurídico y político. Con una economía que apenas crece impulsada por el consumo interno, un Gobierno desfinanciado y unas regiones asfixiadas por mayores gastos y rentas estancadas, la emergencia económica se convirtió en un campo de batalla electoral anticipado.

La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que ya inició la revisión del decreto y podría pronunciarse a finales de febrero. Hasta entonces, el pulso entre el presidente Petro y los gobernadores no solo pone a prueba el modelo de descentralización, sino que revela las tensiones de un Estado que, en año electoral, enfrenta la factura acumulada de su desorden fiscal.

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