Exministros de Petro, a prisión: la corrupción erosiona al Gobierno y enrarece el clima electoral
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de la Ungrd e Invías sacude al Ejecutivo en uno de sus peores momentos: crisis de seguridad, desgaste institucional y un gabinete que no logra recomponer la confianza.
Política, La Editorial.com.co
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario de los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) marca un punto de quiebre para el gobierno de Gustavo Petro.
No se trata solo de la gravedad de los delitos imputados -concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho- ni del voluminoso entramado que habría direccionado recursos por más de $612.000 millones a través de la Ungrd e Invías.
El impacto real está en el mensaje político que deja: la narrativa del “Gobierno del cambio” queda severamente golpeada por prácticas corruptas que recuerdan los vicios que prometió erradicar.
La magistrada Aura Rosa Baquero fue contundente este jueves al avalar las evidencias de la Fiscalía y concluir que existió una “división funcional de tareas” y una actuación sistemática contra el Estado.
Los testimonios de Olmedo López y María Alejandra Benavides, así como los informes de Policía Judicial, permitieron inferir un uso del poder jerárquico para inducir decisiones, priorizar contratos y evitar rastros.
El Tribunal fue más allá: estableció que los contratos habrían operado como moneda de cambio para asegurar apoyos legislativos y viabilizar la agenda gubernamental. Es decir, corrupción para gobernar.
El daño institucional es doble
Primero, porque compromete a dos carteras neurálgicas del Ejecutivo -Hacienda e Interior- en un momento de fragilidad fiscal, inseguridad territorial y tensiones con el Congreso.
Segundo, porque profundiza la percepción de un Gobierno sin control interno efectivo, incapaz de blindar sus procesos y de anticipar riesgos éticos en su propio gabinete.
La frase presidencial de que “el poder los corrompe” puede ser honesta, pero resulta insuficiente cuando los mecanismos de prevención fallan y la responsabilidad política se diluye.
Este golpe llega, además, en un contexto de deterioro de la seguridad y de desconfianza ciudadana. Las alertas por orden público, la incertidumbre institucional y la sensación de improvisación en la toma de decisiones se combinan con un gabinete que no termina de consolidar autoridad ni cohesión.
En ese escenario, el escándalo no es un hecho aislado: se suma a una secuencia de crisis que enrarecen el ambiente político y alimentan el escepticismo de cara a las elecciones.
Aunque el presidente no está judicialmente vinculado, el costo político recae sobre su liderazgo y su coalición. La oposición capitalizará el fallo como prueba de que el cambio prometido se quedó en el discurso; los aliados dudarán ante el riesgo reputacional; y el electorado indeciso encontrará razones para castigar en las urnas lo que percibe como incoherencia ética.
En un país donde la corrupción ha sido un factor decisivo de voto, la imagen de exministros rumbo a prisión pesa más que cualquier defensa retórica.
La situación se complejiza con la decisión de la Corte Suprema de no enviar a prisión, por ahora, al ministro del Interior, Armando Benedetti. Aunque el alto tribunal argumentó la inexistencia de requisitos probatorios para una medida restrictiva de la libertad, el contraste entre decisiones judiciales no disipa el ruido político. Por el contrario, refuerza la sensación de un Ejecutivo permanentemente a la defensiva, administrando crisis en lugar de fijar rumbo.
En el tablero electoral, donde la confianza es capital, este episodio puede inclinar la balanza en contra de un Gobierno que prometió ser distinto y hoy enfrenta el costo de no haberlo sido lo suficiente.
La medida de aseguramiento contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla deja mal posicionado al gobierno Petro.
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