Gobernadores exigen acciones contra la violencia y garantías electorales
En el Encuentro Nacional de Gobernadores y Alcaldes en Cali, los mandatarios alertaron sobre el deterioro de la seguridad en Colombia, exigieron medidas urgentes al Gobierno Nacional y denunciaron amenazas contra sus vidas, en medio de un clima político tenso de cara a las elecciones de 2026.
Cali, 31 de octubre de 2025
En un ambiente marcado por la preocupación y la urgencia, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional en Cali. La cita, convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Gobernación del Valle del Cauca, reunió a líderes regionales, el Ministro de Defensa, altos mandos de la Fuerza Pública y organismos internacionales para abordar la creciente crisis de seguridad que afecta al país.
Los datos presentados son alarmantes: la violencia ha aumentado en un 194,6%, las acciones armadas en un 221,5% y las intimidaciones contra líderes políticos y sociales en un 887,5% respecto al último periodo preelectoral (2021 vs 2025).
Además, los gobernadores denunciaron que Colombia tiene más hectáreas de coca que de cultivos legales como yuca o papa, y que el 48% de estos cultivos ilícitos se encuentran en zonas de manejo especial, como parques naturales y resguardos indígenas.
En respuesta, los mandatarios firmaron el Manifiesto por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional, un documento que exige al presidente Gustavo Petro y al Gobierno Nacional acciones concretas para enfrentar la expansión de grupos armados ilegales y el debilitamiento institucional. Entre las solicitudes destacan: Articulación entre las políticas de seguridad nacional y regional, incremento del presupuesto para defensa, seguridad y justicia, Fortalecimiento de capacidades de inteligencia y tecnología, y control urgente de cultivos ilegales y minería criminal.
Un punto neurálgico del encuentro llevó a solicitar al gobierno Petro la suspensión de beneficios a estructuras armadas ilegales activas y que haya garantías reales para elecciones libres y seguras en 2026.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, fue una de las voces más contundentes. Denunció amenazas contra su vida y la de otros cuatro mandatarios, atribuidas a los golpes propinados por la Fuerza Pública a disidencias de las Farc.
Matiz criticó la falta de articulación entre el Gobierno Nacional y las regiones, evidenciada en la rotación de 66 ministros y cuatro directores de Policía en tres años, y alertó sobre el retorno de prácticas como el secuestro, que pasó de 128 casos en 2015 a 280 en 2025.
Por su parte, el director general de la Policía nacional, Brigadier General William Rincón Zambrano, presentó una ruta estratégica que busca estabilizar los problemas de convivencia y mejorar la seguridad ciudadana a partir de la articulación e integración interinstitucional, priorizando la anticipación e identificando patrones conductuales y delictivos. Este lineamiento fue acogido por los gobernadores quienes expresaron estar listos para su implementación.
El análisis político devela una inocultable fractura institucional que pone en riesgo la gobernabilidad y la democracia. Mientras el Gobierno impulsa su política de “Paz Total”, los gobernadores exigen redefinir sus límites bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
La tensión entre el Ejecutivo y los territorios no cesa en vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, donde la seguridad ciudadana será un eje central del debate.
El mensaje desde Cali fue claro: “Colombia no puede fragmentarse. La soberanía no se negocia, se ejerce”. Los gobernadores, desde sus regiones, se erigen como el primer frente de defensa de la paz y el progreso. En sus palabras, “cuidar las regiones es cuidar el futuro de Colombia”.
Suministrada / La Editorial.com.co