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El País
11 de Apr, 2026

Itagüí: la parranda carcelaria que desnuda un contubernio criminal

Videos, versiones contradictorias y una fiesta con músicos en una cárcel de máxima seguridad exponen no solo fallas institucionales, sino el desgaste de la “paz total”. El escándalo de Itagüí no es un hecho aislado: es el síntoma de una política que perdió el control… y el relato.

El País, La Editorial

En Colombia, donde la realidad suele superar cualquier ficción, lo ocurrido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí parece una escena escrita con deliberada provocación: cabecillas criminales, recluidos bajo el argumento de avanzar en diálogos de paz, celebrando una parranda vallenata con artistas reconocidos, invitados, licor y -según revelan nuevos videos- puertas abiertas de par en par.

Para completar la foto del escándalo, El Colombiano reportó un operativo realizado en la cárcel La Paz, de Itagüí, este sábado, donde se hallaron varios electrodomésticos, equipos de comunicación y elementos de cocina; así lo informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

A raíz de eso, se encontraron en los pabellones 1 y 2 equipos de comunicación como 3 celulares, 1 módem Wifi, accesorios para celulares, un computador portátil, una tablet y una consola de videojuegos con 6 controles.

También se hallaron electrodomésticos como 62 neveras, 7 televisores, 11 estufas eléctricas, 27 ollas freidoras y eléctricas, 26 ollas eléctricas, un microondas, un horno tostador, una lavadora, 5 licuadoras, 2 sanducheras, 2 aires acondicionados y 11 ventiladores.

En cuanto a elementos de cocina se hallaron 7 barriles ahumadores y asadores y una olla a presión. También  4 sillas de madera, 4 sofás, 2 nocheros eléctricos, 11 cabeceras de cama y una escalera.

No es solo el hecho

Las imágenes divulgadas valientemente por la concejal Claudia Carrasquilla, sustentadas en registros de cámaras de seguridad, contradicen de manera frontal la versión oficial del Ministerio de Justicia. 

Allí donde el Gobierno habló de “visitas ordinarias de miércoles”, los videos muestran otra cosa: ingreso de múltiples vehículos -varios de alta gama-, flujo inusual de personas, controles relajados o sustituidos por civiles sin uniforme, y un evento que duró varias horas, lejos de cualquier estándar penitenciario.

El cantante vallenato Nelson Velásquez, figura central de la jornada, no entró como un visitante ocasional. Según los registros, permaneció cerca de cuatro horas en el penal, acompañado de músicos y logística propia de un espectáculo. Incluso se habla de una segunda presentación musical y de consumo de licor dentro de las instalaciones. Todo, en una prisión que, en teoría, debería representar el máximo nivel de control del Estado.

¿Quién permitió la fiesta?

El silencio del Gobierno ha sido, hasta ahora, tan elocuente como preocupante. Más allá de anuncios tardíos -como la suspensión de diálogos con algunos cabecillas-, no hay una explicación convincente ni una asunción clara de responsabilidades políticas. La respuesta ha sido reactiva, fragmentada, y en algunos casos, negacionista.

Cárcel La Paz de Itagüí / La Editorial.com.co

Y ese es el punto de fondo: el relato de la “paz total” empieza a resquebrajarse no por la crítica de la oposición, sino por la evidencia de sus propias contradicciones.

La política de paz del presidente Gustavo Petro partió de una premisa ambiciosa: negociar simultáneamente con múltiples actores armados y estructuras criminales, bajo un enfoque amplio que incluyera beneficios judiciales, reconocimiento político y flexibilización de condiciones de reclusión. Pero esa apertura -sin controles robustos y sin una arquitectura institucional sólida- ha derivado en zonas grises donde la autoridad se diluye.

No es simplemente una irregularidad

La cárcel deja de ser un espacio de sanción para convertirse en escenario de privilegios. Y cuando eso sucede con los mismos actores que negocian con el Estado, el mensaje hacia la sociedad es devastador.

En Blu Radio el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, fue implacable al señalar que en el gobierno Petro "los criminales están de fiesta" y calificó a la senadora Isabel Zuleta como "la madrina de estos bandidos".

Más grave aún, este escándalo se suma a una cadena de episodios que han erosionado la credibilidad de la estrategia gubernamental: cuestionamientos sobre beneficios excesivos, tensiones con la Fiscalía, incumplimientos de cese al fuego por parte de grupos armados y, ahora, evidencias de descontrol en centros de reclusión.

El informe revelado por la Unidad Investigativa de El Tiempo ya advertía sobre condiciones atípicas dentro de ese penal, donde algunos cabecillas gozarían de prerrogativas difíciles de justificar. Lo de la parranda no sería, entonces, un hecho aislado, sino la expresión visible de una dinámica más profunda o de una alcahuetería muy peligrosa.

En este contexto, el silencio oficial deja de ser prudencia y se convierte en vacío. Un vacío que llenan las denuncias, los videos y la indignación pública. Un vacío que debilita la autoridad del Estado y fortalece la narrativa de quienes ven en la “paz total” una concesión desbordada.

Colombia ya ha recorrido este camino antes. Cada proceso de paz enfrenta el delicado equilibrio entre negociación y legitimidad. Pero cuando ese equilibrio se rompe, el costo político y social es alto. Muy alto.

La escena de Itagüí -con música, licor y puertas abiertas- quedará como una postal incómoda de este momento electoral. No solo por lo que pasó, sino por lo que simboliza: un Estado que, en su afán de negociar, parece haber cedido más control del que puede permitirse.

Preocupante igualmente resulta la falta de posición sobre el particular del candidato de la izquierda y del presidente Petro, Iván Cepeda, quien apenas se limitó a decir que "de mí no esperen declaraciones contra la paz".

La paz exige audacia, sin duda, pero también límites.

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