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El País
02 de Mar, 2026

Katherine Miranda cuestiona a Jaramillo por masiva remisión de pacientes oncológicos a Ibagué

La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció un presunto direccionamiento masivo de exámenes PET-CT hacia una clínica en Ibagué por parte de la Nueva EPS. Las cifras, reveladas tras un derecho de petición, muestran un crecimiento exponencial en las remisiones desde 2023. La polémica salpica al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su pasado político en el Tolima y por la intervención estatal de la aseguradora.

El País, La Editorial.com.co

Una nueva controversia sacude al Ministerio de Salud. La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, denunció un presunto “cartel del cáncer” tras detectar un aumento exponencial en las remisiones de pacientes oncológicos afiliados a la Nueva EPS hacia la Clínica Internacional de Alta Tecnología (Clinaltec), en Ibagué.

Según revelaron medios como El Colombiano y Semana, la alerta se originó en la respuesta a un derecho de petición presentado por la congresista. De acuerdo con los datos recopilados, en 2023 la clínica recibió 176 pacientes remitidos desde otros departamentos; en 2024 la cifra ascendió a 723 y en 2025 llegó a 1.846. Solo en enero de 2026 se registraron más de 220 remisiones.

En total, entre 2023 y comienzos de 2026, se habrían concentrado más de 3.300 autorizaciones para exámenes PET-CT -estudios clave para el diagnóstico, estadificación y seguimiento del cáncer- en esa institución prestadora de servicios de salud (IPS). La facturación asociada, según la denuncia, pasó de cerca de 970 millones de pesos en 2023 a más de 17.600 millones acumulados en el periodo analizado.

“Estamos hablando de pacientes oncológicos y de alta complejidad que dependen de diagnósticos oportunos para definir su tratamiento y, en muchos casos, su supervivencia”, afirmó Miranda en declaraciones recogidas por la prensa nacional. La congresista cuestiona que estas remisiones se estén realizando pese a que en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali existen centros médicos con tecnología PET-CT habilitada.

Los traslados y los costos

Otro de los puntos críticos señalados por Miranda es el impacto económico para los pacientes. De las más de 3.000 remisiones reportadas, solo 617 habrían incluido apoyo para traslados y viáticos, mientras que más de 1.400 personas asumieron directamente los costos de desplazamiento.

Casos provenientes de Norte de Santander, Quindío o Valle del Cauca evidencian, según la denuncia, que algunos pacientes debieron recorrer largas distancias -incluso más de 13 horas por carretera- pese a contar con oferta del servicio en sus regiones de origen.

Para la representante, el marco normativo del sistema de salud establece que la remisión a otro municipio o departamento procede únicamente cuando el servicio no esté disponible en la red local o regional con capacidad técnica habilitada, bajo los principios de accesibilidad y eficiencia. “No es entendible por qué están direccionando la gente hacia Ibagué”, declaró a El Colombiano.

Katherine Miranda denuncia irregularidades de Minsalud.

Imagen tomada de Tendenciapolítica.com

El contexto político

La polémica adquiere mayor dimensión por el vínculo político del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el Tolima. Jaramillo fue alcalde de Ibagué y gobernador del departamento, y mantiene influencia política en la región.

Las críticas surgen además en un momento sensible para el sector, tras la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a la Nueva EPS en 2024, que dejó la aseguradora bajo control del Gobierno. También se producen en medio del debate sobre la eventual estatización de la entidad y las reformas estructurales al sistema de salud impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud, ni la Nueva EPS, ni la clínica señalada han emitido un pronunciamiento oficial detallado frente a las cifras reveladas. Según reportó Semana, se intentó obtener respuesta del ministro Jaramillo y del interventor de la aseguradora, sin éxito al cierre de las publicaciones.

¿Irregularidad o concentración técnica?

Aunque la denuncia no constituye en sí misma una prueba de ilegalidad, sí plantea interrogantes sobre la trazabilidad de las decisiones administrativas que originaron las remisiones, los criterios técnicos utilizados para concentrar los exámenes y la eventual existencia de conflictos de interés.

Miranda solicitó la intervención de los organismos de control para verificar si hubo direccionamiento indebido de recursos públicos en un procedimiento de alto costo y alta sensibilidad clínica.

El caso reabre el debate sobre la transparencia en la gestión de la Nueva EPS bajo administración estatal y añade presión política al ministro Jaramillo, quien en los últimos meses ha enfrentado otros cuestionamientos en medio de la crisis estructural del sistema de salud colombiano.

Por ahora, el foco está puesto en determinar si el incremento del 946 % en remisiones obedece a una reorganización técnica de la red de servicios o si, como advierte la congresista, se trata de una concentración irregular que podría comprometer la equidad en el acceso a tratamientos oncológicos.

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