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El País
15 de Dec, 2025

La Corte le pone freno al ministro Jaramillo: la UPC, el desacato y el costo político de la salud

La Corte Constitucional sancionó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplir reiteradamente sus órdenes de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con criterios técnicos y no solo inflacionarios. La decisión, que compulsó copias a la Procuraduría y la Fiscalía, no solo agrava la crisis financiera del sistema, sino que deja al descubierto una peligrosa mezcla de desacato institucional, uso político del debate sanitario y un impacto directo en la atención de millones de usuarios.

El País, La Editorial.com.co

La Corte Constitucional decidió intervenir con mano firme en uno de los nudos más sensibles del sistema de salud colombiano: la financiación.

En una de las providencias más extensas y severas de los últimos meses, el alto tribunal sancionó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su negativa reiterada a reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) conforme a parámetros técnicos, y no únicamente atada al dato de inflación.

La UPC, el monto que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para garantizar su atención, es el corazón financiero del sistema. 

Cuando ese valor se queda corto, el efecto es inmediato y tangible: citas aplazadas, medicamentos que no llegan, hospitales y clínicas cerrando servicios, y una presión creciente sobre pacientes y trabajadores de la salud. 

Eso es precisamente lo que, según la Corte, ha venido ocurriendo ante la renuencia del Ministerio a cumplir sus órdenes previas.


Procuraduría y Fiscalía 

La Corte compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía para que investiguen un posible desacato, abriendo la puerta a responsabilidades disciplinarias y penales. 

En términos políticos y jurídicos, el mensaje es inequívoco: el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ya no es una discusión técnica, sino un problema institucional de primer orden.

Un hecho que no pasó desapercibido fue la votación del magistrado Vladimir Fernández Andrade, usualmente alineado con las posturas del Gobierno, quien esta vez respaldó la decisión mayoritaria. 

El ponente, Carlos Camargo, recién llegado a la Corte, logró un consenso que deja al Ejecutivo sin el habitual argumento de una supuesta persecución judicial. No se trató de una fractura ideológica, sino de una coincidencia alrededor de un principio básico: las órdenes de la Corte se cumplen.

En contraste, la exministra Carolina Corcho fue la única voz del oficialismo que reaccionó, subrayando que el auto también ordena auditorías forenses obligatorias a las EPS. Ese punto es relevante, pero no desvirtúa el fondo del fallo: el Ministerio incumplió las órdenes sobre el ajuste de la UPC.

Lejos de acatar con prudencia, el Ministerio insistió en su narrativa a través de las cuentas oficiales, asegurando que “la plata sí alcanza” y que el problema es el mal uso de los recursos por parte de las EPS. 

Ese comportamiento no solo profundiza la confrontación con los actores del sistema, sino que podría configurar un nuevo incumplimiento, esta vez frente a una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que prohíbe el uso de cuentas institucionales para promover posturas políticas o personales.

El trasfondo es aún más delicado si se mira el calendario. El Ministerio tiene plazo hasta el 31 de diciembre para expedir el decreto que fijará la UPC de 2026, en la antesala de un año electoral en el que la salud será tema de campaña “hasta en la sopa”.

Gremios como la Andi y Acemi han pedido incrementos entre el 15,6 % y el 17,3 %, argumentando que solo así se puede estabilizar el sistema. 

Desde la Casa de Nariño, en cambio, el presidente ha descalificado esas solicitudes como intentos de “explotar y robar a Colombia”, marcando una directriz política que pesa más que la evidencia técnica.

Paradójicamente, el propio Gobierno cuenta con mayor presupuesto: el Congreso aprobó un aumento cercano al 17 % en el rubro de salud. Aun así, persisten las dudas sobre la ejecución, como lo muestra la baja implementación de los Equipos Básicos de Salud, y sobre la transparencia de los datos que el Ministerio dice tener, pero que no ha detallado ni socializado con rigor.


Política vs. salud pública

En ese escenario, la sanción de la Corte no solo pone en aprietos al ministro Jaramillo, sino que desnuda una tensión peligrosa entre política y salud pública.

La UPC no es un instrumento ideológico ni un trofeo de campaña: es la garantía mínima para que el sistema funcione. 

Ignorar eso, como lo advierte ahora la Corte Constitucional, tiene consecuencias jurídicas, políticas y, sobre todo, humanas. Porque al final, el costo del desacato no lo paga el ministro ni el Gobierno, sino los usuarios que siguen esperando atención en un sistema cada vez más asfixiado.

 

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Imagen: Hélmer Parra Ortiz 

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