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El País
21 de Mar, 2026

La sombra de la "paz total", detrás del magnicidio de Miguel Uribe

La confesión de un condenado reabre el debate sobre los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay. En medio de un clima electoral tenso y la política de “paz total”, el caso se convierte en un punto de quiebre para la seguridad, la justicia y la confianza institucional en Colombia.

El País, La Ediorial.com.co

El asesinato de Miguel Uribe Turbay no solo estremeció al país en 2025: hoy, a la luz de nuevas revelaciones judiciales, amenaza con convertirse en uno de los episodios más determinantes del panorama político reciente.

La confesión de alias “El Viejo”, ya condenado por su participación en el crimen, introduce una hipótesis de enorme gravedad: la posible responsabilidad de la disidencia guerrillera conocida como Segunda Marquetalia en la autoría intelectual del magnicidio.

Aunque se trata de un testimonio que deberá ser contrastado por la justicia, el solo hecho de que apunte a estructuras armadas con conexiones en escenarios de negociación política abre un debate incómodo para el país. Más aún cuando uno de los nombres mencionados, alias “Zarco Aldinever”, es señalado como cercano a Iván Márquez, figura clave en los procesos de paz y posteriormente protagonista de la ruptura con el Estado.

El caso no puede leerse en aislamiento. Ocurre en medio de la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, una estrategia que ha buscado abrir canales de negociación con múltiples actores armados, incluidos grupos disidentes.

La paradoja es evidente: mientras el Estado intenta desactivar la violencia mediante diálogos, surgen indicios de que estructuras criminales podrían haber ordenado uno de los crímenes políticos más graves de las últimas décadas.

El impacto político

Miguel Uribe Turbay no era un dirigente más; representaba una corriente de oposición con proyección presidencial, en un escenario electoral ya marcado por la polarización. Su asesinato no solo truncó una candidatura, sino que alteró el equilibrio del debate político, debilitando la confianza en las garantías democráticas.

En Colombia, la palabra “magnicidio” no es nueva. Remite inevitablemente a una historia marcada por la violencia política, donde líderes han sido silenciados en momentos clave. Lo que resulta especialmente inquietante en este caso es la sofisticación del entramado descrito: una cadena de mando, financiación condicionada al resultado del crimen y, según el testimonio, incluso recursos destinados a obstruir la justicia.

Esto último plantea una pregunta crucial: ¿hasta qué punto las organizaciones criminales han logrado penetrar o intimidar las instituciones? Si, como se afirma, existía un plan para frenar la investigación mediante sobornos o amenazas, el desafío ya no es solo judicial, sino estructural.

Imagen: Corporación Excelencia en la Justicia - Miguel Uribe Turbay

Facebook Andrés Forero

El entorno electoral agrava la situación

Colombia se encamina a nuevos comicios en un clima de creciente desconfianza, donde la seguridad de los candidatos vuelve a estar en entredicho. La sombra del miedo, que parecía superada tras décadas de conflicto, reaparece con fuerza. Y con ella, el riesgo de que la violencia vuelva a incidir directamente en la competencia democrática.

Por otro lado, el caso tensiona las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, históricamente vigilante frente a la actuación de grupos armados y narcotráfico en Colombia. La eventual confirmación de vínculos entre disidencias y crímenes políticos podría reconfigurar la percepción externa sobre la estabilidad institucional del país.

Sin embargo, el punto más crítico sigue siendo la verdad. La condena de los autores materiales, aunque importante, resulta insuficiente frente a la magnitud del hecho. La sociedad colombiana, así como la familia de la víctima, exige respuestas sobre los autores intelectuales y las motivaciones reales detrás del crimen.

En este contexto, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay deja de ser solo un caso judicial para convertirse en un símbolo: el de una democracia que aún lucha por blindarse frente a la violencia y las economías ilegales. Lo que está en juego no es únicamente el esclarecimiento de un asesinato, sino la capacidad del Estado para garantizar que la política no vuelva a decidirse a bala.

El país enfrenta, una vez más, una encrucijada. O logra desentrañar toda la verdad y fortalecer sus instituciones, o corre el riesgo de que este crimen se sume a la larga lista de heridas abiertas que siguen definiendo su historia.

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