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El País
24 de Nov, 2025

Presuntas infiltraciones de 'Calarcá' en DNI y Ejército sacuden al gobierno Petro

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un escándalo de enormes proporciones que implica presunta infiltración de narco criminales y disidencias de las Farc en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional, con graves acusaciones contra altas autoridades militares y de inteligencia. Documentos confidenciales, chats, correos y testimonios recogidos principalmente por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelan vínculos directos entre estas estructuras criminales y funcionarios estatales clave, mientras la Fiscalía y otros organismos han mostrado una preocupante inacción.

El País, agencias, La Editorial.com.co

La investigación periodística destapó una red de supuesta complicidad entre disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’, el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Documentos incautados evidencian la creación de empresas fachada, acceso a información clasificada y protección a criminales, mientras el gobierno minimiza las denuncias y la Fiscalía mantiene paralizada la investigación.


La gravedad de las pruebas 

El 23 de julio de 2024, durante un operativo en Antioquia, el Ejército detuvo una caravana con siete jefes de las disidencias de alias ‘Calarcá’, quienes se movilizaban en vehículos de la Unidad Nacional de Protección junto con un menor, hecho que constituye delito y violación al Derecho Internacional Humanitario. 

En los celulares y dispositivos incautados encontraron chats, correos y documentos reservados que evidencian presuntos nexos entre estas disidencias y altos funcionarios estatales. Entre los más comprometidos está el general Juan Miguel Huertas, quien, tras haber sido destituido en 2022 por vínculos con falsos positivos, fue reintegrado por Petro en un cargo sensible dentro del Ejército. 

Según los documentos, Huertas habría propuesto a las disidencias montar una empresa legal de seguridad para blanquear armas y desplazamientos, facilitándoles permisos para armamento y transporte blindado. 

El otro implicado es Wílmar Mejía, funcionario de alto rango en la DNI, apodado ‘El Chulo’ por ser, según fuentes consultadas, el nexo entre el grupo armado y miembros de la fuerza pública. Mejía presuntamente facilitó rutas, frecuencias radiales del Ejército para evitar enfrentamientos y movilidad en Bogotá de guerrilleros con órdenes de captura, usando vehículos oficiales para sus traslados.

Omisión y negación a pesar de las evidencias

El presidente Petro ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como falsedades y afirmando que se trata de una campaña de manipulación política para apartar a quienes han ayudado a identificar oficiales corrompidos.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, que tiene en su poder desde hace más de un año pruebas técnicas y documentales confiables, apenas ha iniciado investigaciones visibles. La fiscal Luz Adriana Camargo ha sido particularmente cuestionada por la falta de avances y por decisiones polémicas, como liberar a los jefes disidentes detenidos en julio de 2024.

La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra Huertas y Mejía, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una pesquisa interna mientras exhorta a la Fiscalía para que actúe con celeridad. 

Desde la oposición política y sectores del gobierno, se exigen explicaciones y se denuncia la gravedad institucional de la situación, con llamados incluso a la renuncia presidencial si se confirman esos vínculos.

Impacto y consecuencias

Este escándalo no solo desnuda una supuesta trama de corrupción y complicidad con grupos armados ilegales dentro de las estructuras del Estado, sino que pone en entredicho el discurso gubernamental sobre la paz total y la eficacia de las fuerzas de seguridad. 

La aparente tolerancia hacia las disidencias de ‘Calarcá’ contrasta con la persecución intensa del grupo de ‘Mordisco’, un rival de las disidencias, lo que refleja una posible doble moral o manipulación política del conflicto armado.

La filtración de códigos de radio, la posible financiación ilícita a campañas políticas y el uso de empresas fachada para legalizar armas y hombres armados representan un quiebre institucional que podría impactar profundamente la confianza ciudadana en el Estado y su gobierno. La Paz Total, al conceder tantos beneficios a los criminales, está hoy más que nunca en entredicho.


Complicidad institucional

Aunque el presidente Petro intenta desviar la atención con 'cortinas de humo', acusando campañas políticas contra su administración, las pruebas y testimonios recolectados por medios e inteligencia apuntan a una infiltración real y compleja que involucra a altos mandos militares y funcionarios de inteligencia. 

La falta de acciones contundentes y la lentitud de la Fiscalía sugieren incluso una posible complicidad o miedo institucional, lo que agrava la crisis. En lo que podría ser uno de los mayores escándalos de corrupción y traición institucional en años recientes, queda la urgente necesidad de transparencia, investigación independiente y sanciones ejemplares para quienes hayan subvertido la seguridad nacional y la integridad del Estado. 


Foto de Focus Noticias: Alias Calarcá (derecha) habría infiltrado el Ejército y el DNI bajo el auspicio de altos mandos muy cercanos al presidente Gustavo Petro.
 

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