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El País
20 de Feb, 2026

Proponen moción de censura contra Jaramillo por presunta negligencia en caso Kevin

La muerte de Kevin Acosta, niño de siete años con hemofilia A severa que dejó de recibir su medicamento vital, desató una tormenta política contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La representante Jennifer Pedraza radicó moción de censura, mientras el procurador Gregorio Eljach y la defensora Iris Marín cuestionaron el manejo del caso y las declaraciones oficiales.

El País, La Editorial.com.co

La muerte de Kevin Acosta no solo enluta a una familia en el Huila; también ha abierto una de las crisis políticas más delicadas para el Gobierno en materia de salud pública. Lo que comenzó como la denuncia de una madre por la falta de entrega oportuna de un medicamento esencial terminó convirtiéndose en un escándalo nacional que hoy tiene al ministro de Salud en la mira del Congreso y bajo el severo cuestionamiento de los organismos de control.

Kevin, de siete años, padecía hemofilia A severa, un trastorno hemorrágico hereditario que requiere tratamiento periódico con Emicizumab para prevenir sangrados espontáneos o derivados de traumatismos. Según su madre, el menor dejó de recibir el medicamento desde el 12 de diciembre. Ocho semanas sin la terapia que le garantizaba estabilidad clínica. El 7 de febrero sufrió una caída en bicicleta. Fue atendido en un hospital público del Huila, trasladado a Pitalito y posteriormente remitido en avioneta a Bogotá, tras no encontrar disponibilidad especializada en Neiva. Murió el 9 de febrero.

Las declaraciones posteriores del presidente Gustavo Petro y del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo encendieron la indignación pública. El mandatario sugirió que en casos de hemofilia debe restringirse el uso de bicicleta como medida de prevención, y cuestionó si el sistema o los médicos habían enseñado lo suficiente a la madre, incluso haciendo referencia a “niveles educativos deficitarios”. El ministro, por su parte, señaló que el accidente fue “desafortunado” y que a un paciente hemofílico deben restringírsele ciertas actividades.

Para amplios sectores, esas palabras trasladaron la carga de la responsabilidad a la familia, en lugar de asumir las fallas del sistema.

La representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, radicó moción de censura contra el ministro. Argumenta que sus declaraciones evidencian falta de sensibilidad y de liderazgo frente a una crisis estructural. Citó cifras de la Defensoría del Pueblo según las cuales cada dos minutos se radica una tutela para acceder a servicios o medicamentos, prueba —según ella— de que no se trata de casos aislados sino de fallas sistémicas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue categórica: “El cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud”. Añadió que, si no se reconoce esa falla institucional, el país está condenado a repetirla.

Imagen: Lajornada.co

Desde la Procuraduría, el procurador general Gregorio Eljach lanzó un llamado vehemente a los altos funcionarios del Estado para que actúen con sensibilidad y respeto frente al dolor ciudadano. Advirtió que las expresiones del Presidente y del Ministro han “indignado y ofendido” a los colombianos, y recordó que el jefe de Estado debe representar la unidad nacional en momentos de crisis.

Paralelamente, la Procuraduría instó a la Superintendencia de Salud a intensificar la vigilancia sobre Nueva EPS -intervenida desde abril de 2024-, entidad a la que estaba afiliado Kevin y que hoy administra cerca de 11,5 millones de usuarios. El Ministerio Público pidió información detallada sobre estados financieros 2023 y 2024, legalización de anticipos, radicación de cuentas médicas y planes de acción para evitar riesgos a los pacientes.

Nueva EPS, en un giro que profundizó la polémica, habría señalado presuntas fallas de la familia en la gestión del medicamento. Sin embargo, el relato de la madre y los registros conocidos indican que la IPS Medicarte terminó contrato en el municipio de Palestina (Huila) y que la transición a otros prestadores no garantizó continuidad terapéutica. El menor quedó sin su tratamiento profiláctico en un sistema que debía asegurar precisamente lo contrario.

A la crisis se suma el choque institucional por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El Ministerio de Salud solicitó a la Corte Constitucional una prórroga para entregar información relacionada con el cumplimiento del Auto 2049 de 2025. El procurador Eljach cuestionó la demora y exigió respuestas claras, en medio de crecientes tensiones por la sostenibilidad financiera del sistema.

El caso Kevin ocurre en un contexto de reforma estructural a la salud impulsada por el Gobierno, intervención de EPS y creciente judicialización del acceso a servicios. Para críticos del Ejecutivo, la muerte del menor simboliza la fragilidad de la transición y la falta de garantías en la administración de entidades intervenidas. Para el Gobierno, se trata de una tragedia que debe analizarse en su complejidad médica.

Pero más allá de la discusión técnica, el debate ha adquirido un tono ético y político ineludible: ¿puede el Estado deslindar responsabilidad cuando un menor con enfermedad de alto costo deja de recibir su medicamento por semanas? ¿Es aceptable que la narrativa oficial priorice la conducta preventiva de la familia por encima de la continuidad terapéutica?

El Congreso tendrá ahora la palabra frente a la moción de censura. Los organismos de control avanzan en requerimientos y seguimientos. Y el país observa, entre la indignación y el cansancio, cómo la muerte de un niño vuelve a poner en el centro la pregunta más elemental: si el sistema de salud existe para proteger la vida, ¿quién responde cuando falla?

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