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El País
11 de Mar, 2026

Revés judicial al Gobierno Petro: suspenden decreto que ordenaba traslado masivo de usuarios entre EPS

El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de manera provisional el Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud, que pretendía reorganizar el aseguramiento en salud y trasladar cerca de seis millones de afiliados entre EPS. La decisión representa un fuerte golpe político para el gobierno en medio de la competencia electoral y reabre el debate sobre la crisis del sistema de salud y la reforma que aún no logra consolidarse.

El País, La Editorial.com.co

Un nuevo revés judicial sufrió el gobierno del presidente Gustavo Petro tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender provisionalmente el Decreto 182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud. La norma buscaba reorganizar el aseguramiento en salud bajo un modelo territorial y poblacional que implicaba el traslado obligatorio de cerca de seis millones de afiliados entre entidades promotoras de salud (EPS).

La decisión judicial, adoptada como medida cautelar dentro de una acción popular, ordena al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud abstenerse de aplicar el decreto hasta que exista una sentencia de fondo. 

Según el tribunal, existen indicios de que la norma podría afectar derechos colectivos fundamentales como el acceso efectivo al servicio de salud, la libre elección de los usuarios y la libre competencia dentro del sistema.

El decreto impulsado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, planteaba limitar el número de EPS que pueden operar en cada municipio según criterios poblacionales. 

En la práctica, el modelo implicaba traslados masivos de afiliados que, de acuerdo con los cálculos presentados en la demanda, podían concentrar buena parte de esos usuarios en la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país.

El punto más crítico del análisis judicial fue el riesgo de concentración del sistema. De acuerdo con la providencia, la aplicación del decreto podría dejar a la Nueva EPS como único operador en cerca de 502 municipios del país, lo que en la práctica eliminaría la posibilidad de que los ciudadanos eligieran libremente su aseguradora.

Antes de la expedición de la norma, varios de esos municipios contaban con la presencia de dos, tres o incluso cinco EPS, lo que permitía cierto grado de competencia y alternativas para los afiliados. La reorganización planteada por el Gobierno, sin embargo, reducía de manera significativa ese margen de elección.

A esta preocupación se suma otro elemento de fondo: la capacidad real de la Nueva EPS para absorber cerca de tres millones de nuevos afiliados. El tribunal recordó que la entidad permanece bajo intervención de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024 por problemas financieros y fallas en la prestación del servicio, lo que genera dudas sobre su capacidad operativa para asumir una expansión de tal magnitud.

Foto y video Facebook / La Editorial.com.co

 

No hay solidez técnica en traslados

El fallo también cuestiona la solidez técnica de los estudios utilizados por el Ministerio de Salud para justificar el nuevo esquema territorial. Según el tribunal, los criterios que establecen los umbrales de participación de las EPS en cada territorio no tienen un soporte metodológico suficientemente claro, lo que abre interrogantes sobre la viabilidad del modelo propuesto.

La suspensión del decreto no solo tiene implicaciones administrativas, sino también políticas. Ocurre en plena competencia electoral, cuando el Gobierno intenta defender su agenda de reformas sociales y, particularmente, su propuesta de transformación del sistema de salud, uno de los proyectos más polémicos del mandato de Petro.

Desde sectores de oposición, el fallo fue interpretado como una derrota para el ministro Jaramillo y como una señal de advertencia sobre la forma en que el Ejecutivo ha intentado reconfigurar el sistema de aseguramiento por la vía administrativa mientras la reforma estructural sigue empantanada en el Congreso.

Más allá del pulso político, la decisión judicial vuelve a poner en primer plano la incertidumbre que rodea el futuro del sistema de salud colombiano. El intento de reorganizar el aseguramiento, que buscaba avanzar hacia un modelo territorial, termina ahora en suspenso mientras la justicia revisa de fondo su legalidad.

En un momento electoral particularmente sensible, el fallo deja al Gobierno frente a un dilema complejo: insistir en su estrategia de transformación del sistema o replantear el camino para evitar que la crisis de la salud -un tema que afecta directamente a millones de ciudadanos- termine convirtiéndose en uno de los factores más determinantes del debate político nacional.

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