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El País
06 de Mar, 2026

Salud, política y elecciones: denuncias contra Jaramillo golpean al Gobierno Petro

Las controversias por el uso de los Equipos Básicos de Salud en Tolima y las remisiones masivas de pacientes oncológicos a una clínica de Ibagué escalan en medio de la crisis del sistema de salud. Las denuncias esta semana contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se cruzan con el ambiente electoral y aumentan la presión política sobre el gobierno de Gustavo Petro. Tormenta en el sistema sanitario.

El País, La Editorial.com.co

En un momento particularmente delicado para el sistema de salud colombiano, el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva tormenta política que tiene en el centro al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, una de las figuras más cercanas al mandatario y pieza clave en la estrategia de transformación del sector.

Las denuncias sobre presunto uso político de los Equipos Básicos de Salud (EBS) en Tolima y las sospechas sobre el aumento de remisiones oncológicas a una clínica de Ibagué no solo alimentan el debate sobre transparencia en el manejo de recursos públicos, sino que irrumpen en un escenario electoral particularmente sensible, cuando el país se prepara para las consultas y elecciones legislativas.

Las revelaciones periodísticas de La Silla Vacía y las denuncias difundidas en Blu Radio han puesto bajo escrutinio un programa que el Gobierno presenta como el corazón de su modelo de medicina preventiva. Pero para sectores de oposición y algunos analistas, el diseño del programa podría estar generando un terreno fértil para la intermediación política en los territorios.

Tolima, epicentro político de la polémica

El primer foco de controversia se concentra en el municipio del Líbano, Tolima, donde investigaciones periodísticas advierten sobre posibles vínculos entre la operación de los Equipos Básicos de Salud y estructuras políticas locales asociadas al llamado “jaramillismo”, corriente que históricamente ha tenido influencia en la región.

El hospital del municipio -que lleva el nombre del padre del ministro- recibió más de 14 mil millones de pesos para la implementación del programa, mientras se encontraba bajo intervención de la Superintendencia de Salud. Las denuncias apuntan a que parte de la operación territorial del modelo estaría conectada con la Fundación Alfonso Jaramillo Salazar, una organización con tradición política en el departamento.

En el entramado también aparece el nombre de Marco Emilio Hincapié, candidato a la Cámara por el Pacto Histórico y excoordinador nacional de enlaces territoriales del programa durante 2024. La presencia de dirigentes políticos y excandidatos en cargos de articulación territorial de los EBS ha despertado críticas sobre el posible uso del modelo sanitario como plataforma de movilización política.

El debate adquiere mayor dimensión en el contexto electoral actual, en el que el oficialismo busca consolidar su presencia en regiones estratégicas mientras enfrenta un creciente desgaste político por la crisis del sistema de salud.

Imagen: El ministro Jaramillo impulsando los Equipos Básicos de Salud.

Polémico aumento de remisiones oncológicas

El segundo frente de cuestionamientos lo abrió la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien denunció en Blu Radio un incremento significativo en las remisiones de pacientes con cáncer hacia la clínica Clinaltec, en Ibagué.

Según las cifras presentadas por la congresista, las remisiones pasaron de 176 pacientes en 2023 a más de 1.800 en 2025, lo que, a su juicio, despierta interrogantes sobre los criterios utilizados por la Nueva EPS para enviar pacientes desde regiones lejanas a un solo centro médico.

Miranda habló de un presunto “cartel del cáncer”, aunque aclaró que su denuncia no cuestiona la capacidad médica de la institución, sino la lógica administrativa de los traslados y las posibles relaciones de poder que podrían existir detrás de esas decisiones.

La clínica respondió que el aumento en la demanda se explica por la crisis general del sistema de salud y el cierre o suspensión de servicios en otras instituciones del país.

Una crisis nacional que se cruza con la política

Más allá de las acusaciones puntuales, el escándalo ocurre en medio de la mayor crisis del sistema de salud en décadas. Intervenciones a EPS, retrasos en pagos a clínicas y hospitales, protestas del personal médico y denuncias por dificultades en la entrega de medicamentos han deteriorado el ambiente del sector.

En ese contexto, las polémicas alrededor del ministro Jaramillo alimentan la narrativa de los sectores críticos del Gobierno, que sostienen que el Ejecutivo intenta desmontar el modelo de aseguramiento sin contar con una estructura administrativa sólida para reemplazarlo.

Para el Gobierno Petro, en cambio, las denuncias forman parte de una resistencia política al cambio del sistema. El presidente ha defendido reiteradamente los Equipos Básicos de Salud como el eje de una estrategia de atención preventiva que busca llevar médicos y enfermeras directamente a los hogares.

El costo político para el Gobierno

El problema para la Casa de Nariño es que el debate ya dejó de ser técnico. La discusión sobre la salud se ha convertido en un campo de disputa política que puede impactar directamente el clima electoral.

Con investigaciones en curso y cuestionamientos cada vez más visibles en medios y redes sociales, el ministro Jaramillo enfrenta un escenario complejo en el que cada nueva denuncia amplifica la percepción de crisis.

En regiones como el Tolima, donde convergen poder político local y programas nacionales de salud, el tema adquiere además un componente simbólico: la sospecha de que una política pública de alcance nacional pueda terminar mezclándose con dinámicas tradicionales de poder regional.

Por ahora, el Gobierno mantiene su defensa del modelo y evita reconocer irregularidades. Sin embargo, en plena temporada electoral y con el sistema de salud bajo presión, el margen político para sostener esa narrativa se reduce cada día más

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